Es conocido que la factura de electricidad en España se divide —artificialmente; pero eso es para otro artículo— en parte liberalizada (“mercado”) y regulada (“peajes”). Lo que no lo es tanto es que tal división no es igual para todos los consumidores.
En efecto, si bien la mayor parte de los costes que se pagan a través de la parte liberalizada se reparten entre los consumidores de forma homogénea por kWh demandado, el reparto de los peajes carece de metodología alguna de asignación. Al menos, jamás se han publicado los criterios de reparto.
Así las cosas se entiende que, según datos del regulador, los grandes consumidores industriales paguen en concepto de peajes del orden de 10 €/MWh mientras que los domésticos pagamos más de 100 €/MWh por el mismo concepto.
A través de los peajes se pagan fundamentalmente las redes eléctricas, las primas a las energías renovables, cogeneración y residuos, los sobrecostes de la generación no peninsular y el déficit de tarifa, esa hipoteca que los Gobiernos han firmado por nosotros al reconocer durante años a las eléctricas costes por encima de los ingresos que han percibido mediante las tarifas. Si dividimos el importe total de estos costes entre la demanda nacional, obtenemos que, en promedio, debemos pagar unos 80 €/MWh por peajes, de los que aproximadamente 30 €/MWh corresponden a las redes, otros 30 €/MWh a primas y otros 20 €/MWh al resto de costes regulados.
Ciertamente podría argumentarse que el reparto de estos costes, principalmente el de redes, no es tan simple: el mucho mayor uso de éstas por parte de la gran industria justificaría que su coste unitario fuera menor. Incluso aceptando como válida la propuesta de la CNMC de reparto del coste de redes en este sentido, difícilmente bajaríamos de 6 €/MWh imputables a la gran industria, tan solo, en concepto de redes.
Puede concluirse, por tanto, que **la gran industria prácticamente no contribuye al pago de las primas a renovables, cogeneración y residuos, ni a la financiación del déficit de tarifa, **ni a que la tarifa eléctrica en las islas sea igual que la de la Península.
Por eso me resulta tan sorprendente cuando escucho a algún responsable de la industria quejarse de que sus altos precios eléctricos se deben a las renovables. Al contrario: el impacto depresor de precios de las renovables en el mercado (la parte “liberalizada” de la factura) sí que se reparte por igual entre todos los consumidores, mientras que las primas asociadas son pagadas principalmente por los consumidores domésticos. La gran industria disfruta de la cara sin ver la cruz.
Es más, la mayor parte de la industria electrointensiva viene percibiendo un ingreso en concepto de “interrumpibilidad” desde tiempo inmemorial. La idea es simple: en momentos de estrés del sistema eléctrico las plantas industriales deben estar dispuestas a recibir una orden de desconexión y evitar así un apagón nacional. Desde el año pasado, en lugar de asignar “por decreto” el importe a percibir por esta disponibilidad, se vienen celebrando subastas competitivas. La que acaba de cerrarse, con excepcional seguimiento por parte de este diario, ha supuesto el reparto de algo más de 500 millones de EUR entre las industrias, que ponen a disposición del sistema unos 3.000 MW para interrumpir en caso necesario.
El impacto sobre la factura eléctrica de éstas es muy diferente en función de la potencia “no interrumpible” que tengan; pero fácilmente se alcanzan valores de 10 €/MWh. En otras palabras: la interrumpibilidad permite a la gran industria ya no evitar el pago de las renovables y el déficit de tarifa, sino ni tan siquiera contribuir al coste de las redes. De hecho, es posible que alguna industria incluso pase a percibir dinero del sistema eléctrico por estar conectada al mismo.
El primer problema de la interrumpibilidad es, sencillamente, que es innecesaria para el sistema eléctrico: España tiene un importante exceso de capacidad de generación eléctrica, que le permite contar con una altísima probabilidad con unos 63.000 MW de potencia en el momento de máxima demanda prevista, que roza los 45.000 MW. Los 3.000 MW que permitirían reducir la demanda a 42.000 MW son un lujo innecesario. No nos extraña, pues, que desde hace más de una década no se utilice —que sepamos, porque infortunadamente la opacidad sobre este aspecto es total— el servicio salvo en las islas o para pruebas.
El segundo problema de la interrumpibilidad es que, por el contrario, es esencial para mantener un precio eléctrico competitivo de la industria electrointensiva. Lamentablemente en las cercanías de cada subasta —antes, de cada publicación del real decreto— son frecuentes las noticias en prensa con amenazas de centenares de despidos en importantes centros industriales del país. Es innegable que la mayoría de los países de nuestro entorno protegen a su industria rebajándola el precio de la electricidad. Alemania, por ejemplo, exime a la mayor parte de ésta del pago de las primas a las renovables. España, como hemos visto, también; pero mientras que Alemania lo hace “con luz y taquígrafos”, comunicación de ayuda de Estado a la Comisión Europea de por medio, en España lo escondemos en un reparto arbitrario de los costes del sistema y un servicio que no necesitamos.
Llegamos, pues, al nudo gordiano: nuestra competitividad industrial no puede, en mi opinión, depender del resultado de una subasta o de una negociación de reparto de costes con el Gobierno de turno. ¿Por qué lo hace?
La respuesta es sencilla: porque el precio de su electricidad depende de un mercado eléctrico con notables deficiencias (por ser suave). En efecto, en los ocho primeros de este año, el precio medio del mercado eléctrico ha subido un 34% respecto del mismo periodo del año anterior. Sabiendo que un consumidor doméstico tiene una fuerte carga de peajes y otros costes regulados, se comprende que el impacto de esta brutal subida en su recibo haya sido “solo” del 10%. Pero el gran consumidor industrial, que está mucho más expuesto a este componente, al ser casi el único que aparece en su factura, ha notado subidas espectaculares. En algún caso, próximas al 30% de su precio final.
Ciertamente, en lo que llevamos de año la aportación de renovables, fundamentalmente hidroeléctrica, ha descendido respecto del año anterior, pasando éstas de suponer el 44% al 38% de la generación y, como citaba antes, es indiscutible que las renovables contribuyen a reducir fuertemente los precios del mercado. Pero lo que no es menos cierto es que este cambio del 6% de las fuentes de producción de energía, sustituyendo hidráulica por térmica (gas y carbón) no puede conllevar que el precio medio se dispare un 34%. Mucho menos en un entorno de exceso de capacidad. El mercado, sin duda, funciona mal. Muy mal. Y los Gobiernos lo saben. Éste incluso dijo que lo iba a reformar a principios; pero finalmente “tiró la toalla”.
Permítaseme, pues, centrar el problema de los efectos del precio de la electricidad en nuestra competitividad industrial en el mercado y no en las subvenciones que, de funcionar éste correctamente, devendrían innecesarias. Sé que el camino es de poderosos enemigos; pero de muchos aliados. Entre otros, nada menos que de los consumidores domésticos, que somos todos.
Jorge Morales de Labra es analista y experto del sector eléctrico y director de Geoatlanter.
@jorpow
Tudesco
15/09/2015