La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha mostrado el rechazo de su partido a la creación de una Comercializadora Municipal de Energía Eléctrica, a las líneas maestras para un nuevo mapa local y al coste laboral que tendrá que la Mancomunidad asuma de forma directa la gestión de los residuos.
Esporrín ha recordado en conferencia de prensa que el consistorio pamplonica hace años que está “comprometido” con el suministro energético y las fuentes de energía renovable y pese a ello el área de Ecología Urbana, dirigida por Armando Cuenca, ha gastado 18.000 euros en estudios sobre esta comercializadora pública, uno de ellos por 7.000 euros realizado por Som Energía, una cooperativa de la que es socio el director del servicio de energía verde del Ayuntamiento, Joel Dozzi.
Pese a lo dicho por Cuenca, el PSN sostiene que esta comercializadora no utilizará más energía renovable ni se contempla en el proyecto atajar la pobreza energética.
Además para iniciar el proyecto hay que hacer frente a una serie de gastos, como son las garantías cuantificadas en 250.162 euros en la primera fase y 390.972 en la segunda.
La portavoz del PSN ha subrayado también que la compra de la energía, servicio del que podría llegar el ahorro, “está previsto externalizarlo” y al gasto de la compra se añadirán 34.000 euros en la primera etapa y 53.000 en la segunda.
Además, para realizar todas las gestiones relacionadas con la Comercializadora es necesario comprar un Software específico, valorado en 37.100 euros, así como ordenadores y material de oficina, y se requerirían tres personas para atender el servicio.
Esporrin ha asegurado asimismo que en alguno de los escenarios previstos no se recuperaría la inversión hasta el décimo año y eso en el supuesto de que todo vaya bien.
Por último Maite Esporrín se ha referido a la gestión de residuos, un servicio que presta FCC “sin ningún tipo de problema” y a cuyos trabajadores “resulta imposible subrogar” si la Mancomunidad asume la gestión directa ya que la Disposición Transitoria 27 de los Presupuestos Generales de 2017 impide la figura de indefinidos no fijos que anteriormente contemplaba este tipo de subrogaciones.
“Para ser trabajadores públicos se tienen que mantener los principios de igualdad, mérito y capacidad, por lo tanto no se pueden asumir los trabajadores directamente de ninguna manera”, afirma el PSN, que calcula en 180 los que serían despedidos, al margen de 25 eventuales.