El 'rent a car' pide al Gobierno que cuente con el sector para elaborar una Ley de Movilidad

El presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval), Juan Luis Barahona, ha solicitado al nuevo Gobierno que cuente con el sector a la hora de elaborar una nueva Ley de Movilidad y ha pedido igualdad en las reglas de juego entre el 'car sharing' entre particulares y el 'rent a car'.

Barahona, que asumió el pasado mes de abril la presidencia de Feneval, resaltó la importancia que tendrán la transformación digital, la innovación y la relación con las diferentes administraciones en esta nueva etapa.

Así, el directivo solicitó al nuevo Gobierno que apueste por una regulación de las emisiones contaminantes "paulatina y controlada", para que no se limiten las posibilidades de movilidad de los ciudadanos, con diferenciadores territoriales por autonomía o municipio, ya que no existe una normativa común entre los distintos ayuntamientos de España.

En una entrevista concedida a Europa Press, demandó al próximo Ejecutivo que cuente con el sector de alquiler de vehículos a la hora de elaborar una nueva Ley de Movilidad, a través de la que se regulen "de forma justa" los cambios que se están viviendo y también que realice un esfuerzo para digitalizar las propias administraciones.

"Respecto a las nuevas alternativas de movilidad y el llamado 'car sharing', que no deja de ser un alquiler de un vehículo, nuestra posición es que la competencia es buena siempre para el usuario. Solo creemos que todos debemos tener un mismo marco regulatorio para poder competir en igualdad de condiciones", afirmó.

Además, señaló que desde Feneval consideran el alquiler entre particulares un nuevo modelo de negocio capaz de convivir con el resto de servicios de movilidad, aunque destacó la necesidad de contar con una regulación "común y coherente", especialmente en temas de seguridad, responsabilidad e impuestos, para que todos puedan competir "en igualdad de condiciones".

2,5 millones de costes en etiquetas

Por otra parte, el nuevo presidente de la organización confirmó que en Feneval están a favor de cualquier medida que favorezca la movilidad sostenible, aunque, en el caso de las etiquetas de los vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT), pidió una evolución hacia un control telemático para supervisar el acceso a zonas restringidas como Madrid Central.

"Hoy en día no es nada práctico que sea necesario utilizar adhesivos físicos, esta medida supondrá al sector del 'rent a car', representado en más del 80% por Feneval, más de 2,5 millones de euros de costes añadidos anuales", explicó.

Además, subrayó que medidas como Madrid Central "son contraproducentes" para el sector de alquiler de vehículos, así como "discriminatorias y de difícil implantación", a lo que sumó el coste en la generación de los distintivos y la logística necesaria para hacerlos llegar al vehículo.

Etapa de crecimiento

Por otra parte, Juan Luis Barahona destacó la "buena evolución" del sector en los últimos años y confirmó que su previsión es que continúe esta etapa de crecimiento, pero siempre "muy vinculado a las cifras del turismo".

Así, recordó que, en la actualidad, hay más de 730.000 vehículos de alquiler circulando por las carreteras españolas y indicó que estos modelos realizan 20 millones de servicios al año, generando un negocio anual de unos 2.500 millones de euros.

En cuanto a la llegada del coche eléctrico, apuntó que desde Feneval están a favor de una ley con objetivos y estrategias "claras" para reducir las emisiones, pero que no se base en restricciones que supongan una discriminación tecnológica.

"El coste por día del coche eléctrico actualmente es mucho más alto que el de un coche de combustión con bajas emisiones. Hasta ahora los 'rent a car' se han visto obligados a una electrificación "acelerada", como por ejemplo en Baleares con la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica", resaltó.

Respecto a la previsible subida impositiva al diésel que estudia el nuevo Gobierno, Barahona aseguró que la solución no pasa por "demonizar" un tipo determinado de carburante a través de normas contrarias a la política europea, "regresivas y discriminatorias".