El sector de distribución de carburantes ha pedido que se garantice el pago del IVA como "principal solución" para atajar el fraude fiscal, así como la adopción de otras medidas urgentes para combatir este y otros tipos de fraude que también están impactando negativamente en el sector.

Aevecar, AOP, CEEES y UPI han organizado la jornada 'Fraude en la distribución de carburantes: un problema de todos para el que hay solución' en la sede de la CEOE, para analizar este problema, su repercusión sobre la actividad empresarial y las arcas públicas y las soluciones más eficaces para ponerle freno.

El sector de los carburantes advirtió de que el fraude en la distribución de carburantes impacta negativamente en la actividad del sector, ya que lastra la competitividad de los operadores que cumplen la normativa e, incluso, pone en riesgo la continuidad de las compañías más vulnerables, frente a aquellos que optan por el fraude. De igual modo, añadió que afecta muy considerablemente a la seguridad de suministro, a la recaudación impositiva y a la consecución de los objetivos de descarbonización.

Menos operadores legales

En este sentido, Juan José Blanco, socio de KPMG Abogados, consideró que el fraude "resta muchos ingresos al Estado, además de expulsar del mercado a otros operadores, ya que el nivel de operadores cumplidores se va reduciendo por la imposibilidad de mantener este negocio".

Entre las soluciones que propuso, destacó la necesidad de mejorar la agilidad de la Agencia Tributaria para actuar y anticipar el pago del IVA.

Ante esta "grave situación", el sector reclamó medidas que, de forma "definitiva y efectiva", permitan la prevención y erradicación de este tipo de prácticas fraudulentas.

A este respecto, Marina Barbanti, directora de UNEM (Unione Energie per la Mobilità), señaló que en Italia fue clave la colaboración con la Administración para identificar las causas y poder aplicar medidas adecuadas, lo que ha permitido "reducir el fraude de un 6% del mercado, a un 1 o 2%".

Por su parte, el secretario general de Apetro-Energia em Evolução, Antonio Comprido, apuntó que las tres causas principales del fraude en el país luso son las insuficiencias regulatorias, la lentitud de la justicia, la falta de coordinación entre las Administraciones y la necesidad de mejoras de los procedimientos de control.

Garamendi: "El fraude fomenta una competencia desleal"

La jornada contó en su inauguración con la participación del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que incidió en que el fraude "fomenta una competencia desleal, que va en detrimento del propio desarrollo empresarial, y dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, lo que va en contra de la voluntad de las empresas del sector".

Por ello, resaltó la necesidad de contar con un "marco jurídico que ofrezca certezas y genere confianza, mediante la garantía de una competencia leal".

En la mesa redonda de diálogo, el secretario general de Aevecar, Víctor García Nebreda, el presidente de la Comisión Antifraude de AOP, Javier Albares; el presidente de CEEES, Jorge de Benito; y el presidente de UPI, Luis Nieves, advirtieron de que pese al interés mostrado por el Gobierno para poner freno al problema del fraude fiscal en carburantes, la situación persiste y las pocas medidas llevadas a cabo hasta ahora son "insuficientes".

Así, manifestaron que una de las modalidades de fraude más comunes y la más alarmante ,a juicio de los ponentes, es el impago del IVA. Por ello, durante la jornada se ha analizado la medida consistente en garantizar a la Administración el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los depósitos en los que se almacenan. De esta forma, los operadores fraudulentos que actualmente no ingresan el IVA verán limitadas sus opciones.

Retomar la tramitación parlamentaria de la ley

En concreto, esta medida ha sido propuesta por algunos de los grupos parlamentarios en la tramitación del proyecto de Ley procedente del Real Decreto-Ley 8/2023 y es un paso en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector.

Por este motivo, las asociaciones insistieron en la necesidad de retomar la tramitación parlamentaria de la ley, que está paralizada desde hace semanas, y recalcaron la importancia de que los grupos respalden la incorporación de esta medida en la redacción definitiva de la Ley, y se pueda poner en marcha.

Además, se puso sobre la mesa otras medidas para aplicar de "manera urgente", como por ejemplo, la obligación de liquidaciones mensuales del IVA y la llevanza de los libros de facturas mediante el Suministro Inmediato de Información (SII) para todos los que intervienen en la cadena de comercialización del sector.

Medidas urgentes

Por ello, insistieron en la importancia de incrementar el control, tanto en el proceso de autorización para operar en el sector a los 'Operadores Petrolíferos', como a lo largo de toda su vida activa para asegurar que cumplen con sus obligaciones.

De esta manera, el sector coincidió en que es la Administración quien debe intensificar las labores de control y seguimiento, así como adoptar medidas que incrementen, en primer lugar, la prevención del fraude y en segundo lugar, la velocidad y también la capacidad de detección del mismo. Además, apuntaron que la coordinación entre las distintas administraciones es una condición clave para una eficaz lucha contra el fraude.

Igualmente, los operadores minoristas y las estaciones de servicio hicieron especial énfasis en este punto, ya que para ellos la prevención y el control en los eslabones previos de la cadena "es clave".

Respecto de la consecución de los objetivos de reducción de emisiones, alertaron de la intensificación del fraude en incorporación de biocarburantes que se ha producido en los últimos años, que, aseguraron, será mayor a medida que aumente el porcentaje obligatorio de combustibles sostenibles a incorporar.

Así, además de suponer una competencia desleal, subrayaron su impacto en el clima. Por ello, plantearon mejoras en el actual sistema de certificación de biocarburantes (SICBIOS), así como la incorporación de un sistema de alerta temprana del fraude

En definitiva, toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes, que representan a más de 200.000 trabajadores y más de 4.700 empresas, pidió urgentemente la toma de medidas "contundentes y acciones concretas", y se mostró dispuesta a colaborar estrechamente con la Administración para abordar de manera conjunta los cambios regulatorios necesarios para poner fin al fraude en la distribución de carburantes y garantizar la seguridad de suministro energético, la protección de los contribuyentes y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.