El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra varios apartados de la Ley del Sector Eléctrico.
El pasado mes de septiembre, la Junta de Andalucía recurrió cinco artículos y la disposición final de la Ley del Sector Eléctrico al considerar que vulneran las competencias autonómicas sobre energía en lo relativo al autoconsumo, poniendo "en riesgo" este elemento "clave" de la política de fomento de las energías renovables y "limitando las posibilidades" de un sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos.
La norma estatal introduce unas condiciones técnico-económicas que, a juicio de la Junta y a la espera del posterior desarrollo reglamentario, anticipan ya un "peaje" que gravará la electricidad autoconsumida.
La Agencia Andaluza de la Energía calcula en unos 328 millones de euros anuales las pérdidas que provocan en la comunidad las nuevas regulaciones estatales y los cambios en el sistema de retribución, debido a la reducción del 11 % en los ingresos de las plantas de producción con energías renovables, cogeneración y residuos.
Dicho impacto "pone en riesgo" la viabilidad de estas instalaciones, que dan empleo directo a 3.800 personas en la comunidad autónoma, y que ha dejado en el aire 950 proyectos con casi 12.000 millones de inversión en nuevas instalaciones.
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