La asociación del transporte urbano colectivo (ATUC) ha pedido a las administraciones que destinen a financiar e invertir en el transporte público una parte de los 500 millones de euros anuales que aporta en impuestos de hidrocarburos en la revisión de los impuestos medioambientales.
El colectivo del transporte público se erige como "una de las soluciones más efectivas para luchar contra el cambio climático" y lograr así el objetivo de reducir en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% y, con ese objetivo, ha elaborado un documento de acciones prioritarias.
En concreto, parte de la cifra de los 500 impuestos procede del total de recaudación neta conseguida del aumento del impuesto a los hidrocarburos, que podría ascender a 1.700 millones de euros al año una vez descontada la devolución del gasóleo profesional.
Así, señala que el impuesto no solo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución, el transporte urbano colectivo y también, una parte de este impuesto debería destinarse a la inversión tanto para renovar la flota como para mejorar la calidad en la prestación del servicio, especialmente la frecuencia y los tiempos de espera y de viaje.
En España la velocidad comercial media de un autobús es de 15 kilómetros pero en ciudades como Helsinki, Oslo o Amsterdam oscila entre 23 y 28 kilómetros de media, en torno a uno 60 por ciento. La ATUC señala que esta es precisamente una de las claves para propiciar el cambio modal y que millones de españoles dejen el coche y utilicen el transporte público en sus desplazamientos habituales.
El segundo eje de actuación que propone la ATUC es la Ley de Cambio Climático en la que pide un apartado dedicado "íntegramente" al transporte público, su desarrollo y a la financiación que lo hará posible.
En concreto, insta a que la futura ley recoja la promoción coordinada de todas las administraciones púlbicas medidas y acciones hacia un nuevo modelo dde transporte urbano para fomentar el uso generalizado de medios sostenibles y, al mismo tiempo, desincentivar el vehículo privado.
La ley debería incluir un artículo para asegurar la financiacón estable del transporte público por parte del Estado a partir de impuestos de hidrocarburos. Esta vía de financiación, según añaden se usa ya en otros países, como Alemania, que cuenta con un céntimo verde que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público.
El tercer eje de la propuesta de ATUC son los planes de movilidad urbanos, sobre todo para las grandes ciudades, ya sea en los planes en vigor como en sus revisiones. Hay una desproporción entre el uso que se da al coche que en las grandes ciudades no llega al 25 por ciento en el reparto modal de los desplazamientos y el espacio urbano asignado a este que es el 90 por ciento.
ATUC quiere que los planes de movilidad incluyan las áreas metropolitanas de las ciudades para estar coordinados con los municipios cercanos y que se promueva la integración modal y otros medios como el coche compartido o la bicicleta, y explorar el transporte de la demanda para zonas de baja densidad de población.
En ese sentido, propone aumentar el peso de la financiación del Estado y de las comunidades hasta el 30 por ciento y en el que los ayuntamientos se responsabilizarían del 25 por ciento y los ingresos tarifarios del 45 por ciento.
"La culminación de toda esta batería de medidas sería la puesta en marcha de un Ministerio de Movilidad que sustituiría al de Fomento, una palabra que se asocia más al modelo de hormigón. De hecho, ya existe un precedente en Francia pues el Gobierno de Macron ha creado un Ministerio de Transportes y la ministra procede de la RATP, el transporte público de París", ha manifestado el secretario general de ATUC, Jesús Herrero.
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