El Tribunal de Cuentas ha incluido, dentro de su programa de fiscalización para 2018, un informe sobre la gestión del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, conocido como canon hidroeléctrico, durante los ejercicios 2015 y 2016.
De esta forma, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda analizará la gestión de esta tasa, aprobada en 2012 y lanzada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy tras su reforma energética, con el fin de aplacar el déficit de tarifa. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2015 cuando el Gobierno publicó el desarrollo del canon, gravando con un 22% la producción en instalaciones hidroeléctricas.
Contemplado como un impuesto medioambiental, el Gobierno justificó que "la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección" y que, para reforzar las políticas de protección, se hacía necesaria "la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial al posibilitar la producción de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas".
El Supremo pregunta a Europa su legalidad
La legalidad de este canon fue cuestionada el pasado mes de junio por el Tribunal Supremo, que elevó tres cuestiones a la Justicia Europea antes de resolver los recursos de Unesa y Acciona contra el mismo, poniendo en duda si respondía a razones medioambientales, su compatibilidad con el principio no comunitario de no discriminación en la Directiva europea sobre el mercado eléctrico, y si no constituía una ayuda de Estado a terceros competidores.
En su escrito, el Tribunal Supremo señalaba que únicamente el 2% de la recaudación del canon repercute en cada Confederación Hidrográfica, frente al 98% que se ingresa en el Tesoro Público, por lo que considera "un ingreso más del sistema eléctrico, al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público".
Un mes más tarde, el Gobierno optó por elevar el 22% de la tasa hasta el 25,5%, dentro de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. El proyecto de ley, tramitado en el Congreso, fue aprobado el pasado mes de noviembre por la Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con el aumento del gravamen.
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