El grupo parlamentario En Comú Podem exige al Gobierno que adopte acciones legales para que la empresa del proyecto Castor (Escal UGS) asuma las responsabilidades por los más de un millar de movimientos sísmicos en aguas de Castellón.
En Comú Podem ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que se establezca un calendario de desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural Castor, con la participación de la Generalidad de Cataluña, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de las localidades afectadas.
En un comunicado, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell asegura que el Ejecutivo debe poner en marcha los estudios técnicos sobre cómo afectará la hibernación del proyecto sobre el medio ambiente de la zona.
Según Vendrell, es importante que también se haga un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales que ha sufrido la ciudadanía de Tierras del Ebro (Tarragona) y Baix Maestrat (Castellón) como consecuencia de los terremotos que han sufrido.
Finalmente, En Comú Podem, que ya solicitó la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que informara de su decisión de adjudicar una retribución adicional de 253,3 millones de euros a los promotores del proyecto Castor, exige que se impulse los cambios legales necesarias para que, en un futuro, las indemnizaciones no se paguen más con dinero público.
En octubre de 2014, el Gobierno estableció una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.
Este importe lo asumirá en un primer momento Enagás, empresa que actúa como transportista de gas, y posteriormente el sistema gasista, es decir, en última instancia los consumidores.
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