Los accionistas del proyecto Hidroaysén, Endesa y Colbún, han interpuesto un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental de Chile contra la decisión del Gobierno de revocar el 'megaproyecto' hidráulico.
La decisión política, asumida por una presión social en contra de las presas en la Patagonia chilena, ha acarreado muchos problemas en el seno del Gobierno de Michelle Bachelet.
Cabe recordar que fue ella quien aprobó el proyecto hidráulico de Hidroaysén en su anterior etapa como gobernante, y este año, tras el visto bueno de la justicia al informe de impacto ambiental, el Gobierno chileno se saltó a la torera el poder judicial y decidió paralizar el proyecto energético más importante del país.
Se trata del proyecto más importante de Endesa en Chile. La inversión superaba los 3.200 millones de dólares, y Endesa al igual que Colbún, no están dispuestos a que de golpe y porrazo les quiten este importantísimo proyecto. Hay que tener en cuenta que ahora este proyecto caerá en manos de Enel, la propietaria de Endesa, que ha decidido segregar todos los activos de la compañía en Latinoamérica.
El Gobierno chileno quiere ahora mejorar las infraestructuras energéticas. Está decidida a aumentar las inversiones, incluso el ministro de Energía, Máximo Pacheco, tiene pensado en reabrir el proyecto de Hidroaysén ya que es necesario para el país. La demanda de electricidad sube sin parar y ciudades como la capital ya sufren apagones como los últimos en la red del metro de Santiago.
Pero los problemas llegan cuando el proyecto pasa por las manos del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, que tiene preparado un documento por el cual convertirá las aguas de los ríos Baker y Pascua y de sus afluentes en zona protegida por lo que no se podrá llevar a cabo el proyecto.
Bachelet tiene ahora que decidir si prefiere mantener al país con una escasa oferta energética o respaldar definitivamente el proyecto de Hidroaysén. De momento, la Justicia es la que tiene la palabra.
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