El Ministerio de Energía considera que ha acatado y cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente el decreto en el que se fijó la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor al dar traslado de ella a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Fuentes de este departamento han manifestado a Efe, tras la presentación por el Parlament de Cataluña de un incidente de ejecución ante el TC para exigir que se adopten medidas para que se ejecute la sentencia sobre el almacén de gas Castor, que, por lo que respecta al Ministerio, se ha cumplido con lo establecido en la sentencia.
Energía, tras anular el TC la indemnización de 1.350,7 millones de euros que fijó el real decreto-ley para los promotores del proyecto -situado frente a las costas del municipio castellonense de Vinaròs-, comunicó a la CNMC la decisión judicial para que adoptara las medidas oportunas.
La CNMC paralizó los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) por el almacén de gas y, en enero pasado, cuando se hizo pública la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre de 2017, además de paralizar esos pagos, estableció que los titulares de los derechos de cobro dejaban de ser sujetos del sistema de liquidaciones.
Asimismo, eliminó del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso los costes de operación y mantenimiento del almacén reconocidos con cargo al sistema gasista y que lleva a cabo Enagás.
El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.
Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la Escal UGS -promotora del proyecto-, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.
Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que se produjo la sentencia a través de las liquidaciones de la CNMC.
Santander, CaixaBank y Bankia formularon el pasado 6 de abril al Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitaban la devolución del dinero aportado.
El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, indicó el pasado 16 de abril que el Ministerio tenía seis meses para responder a esa reclamación de los bancos y que se pediría un informe al Consejo de Estado.
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