Energy Spain y Gran Zufaria, inhabilitadas como operadores petrolíferos al por mayor

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha inhabilitado a las empresas Mena Energy Spain y Gran Zufaria para ejercer la actividad de operadores al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mediante una resolución del 3 de abril, la Dirección General de Política Energética y Minas inhabilitó temporalmente a Gran Zufaria para ejercer la actividad como consecuencia de la falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercerla. Por tanto, y dado que consta en el listado de operadores de la CNMC, se declaró el cese de actividad como operador a partir de esa fecha.

El Ministerio ha explicado que Gran Zufaria no ha aportado ningún documento que acredite su capacidad legal para ejercer la actividad de operador al por mayor y tampoco es posible acreditar que disponga de medios técnicos específicos, ni de personal cualificado para ejercer la actividad de operador al por mayor de productos petrolíferos como exige la legislación.

Energy Spain y Gran Zufaria

Asimismo, la empresa tampoco ha aportado documentación que acredite que actualmente tiene una capacidad financiera de al menos tres millones de euros en recursos propios realmente afectos a la actividad de distribuidor al por mayor.

Este hecho se ve agravado por su incumplimiento de las obligaciones establecidas a todos los operadores al por mayor para el logro de los objetivos anuales de venta o consumo de biocarburantes y otros combustibles renovables en el sector del transporte.

En el caso de Mena Energy Spain, el Ministerio coincide en la falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer dicha actividad y también se ha declarado el cese de actividad como operador a partir de esa fecha.

El 24 de abril, ya se inhabilitó temporalmente a Mena Energy Spain para ejercer la actividad de operador al por mayor de productos petrolíferos como consecuencia de la falta de acreditación de las capacidades legal, técnica y financiera exigidas para el ejercicio de la actividad.