ERC ha presentado en el Congreso una enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes para hacer frente al Covid-19 para que la comercialización de energía cuente con un epígrafe específico en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que palíe el impacto que está suponiendo a las comercializadoras independientes las medidas económicas por el coronavirus.
El Gobierno, en el real decreto-ley 11/2020, del que proviene el proyecto de ley al que ERC pide que se incorpore una disposición adicional, estableció un conjunto de medidas que afectan a los contratos de energía eléctrica (posibilidad de suspender el pago de facturas a los consumidores afectados por la crisis o flexibilización de los contratos para pymes y autónomos).
Estas medidas tiene un impacto en el flujo de ingresos de las empresas comercializadoras y, en el caso de las independientes, puede poner en riesgo su viabilidad futura, según ERC.
El grupo parlamentario dice en su enmienda que, aunque estas medidas son necesarias, se deben complementar con medidas de impulso económico para las comercializadoras de energía eléctrica independientes, muchas de ellas pymes.
Entre ellas, dice que está la creación de un epígrafe específico para la actividad de comercialización eléctrica y también para la actividad de comercialización de gas en la misma agrupación y grupo del IAE en la que se engloban todas las actividades reguladas en el Ley del Sector Eléctrico.
ERC explica que, cuando empresas comercializadoras han intentado ejercer su negocio más allá de los municipios donde están radicadas, ha habido corporaciones locales que han iniciado procedimientos para obligarles a tributar en el epígrafe de "comercio al por menor de otros productos no especificados en esta agrupación" en los municipios donde utilizan la red de distribución para el desarrollo de la actividad comercial.
Estas corporaciones se amparan en una consulta de la Dirección General de Tributos que dice que la actividad más similar a la comercialización de energía es la del comercio al por mayor o al menor.
Con ello, estas empresas se ven obligadas a tributar por un epígrafe y una cuota municipal que en muchos casos es más gravosa que el beneficio obtenido por el ejercicio de su actividad en esa localidad, explica ERC en su enmienda.
Según el grupo parlamentario, la obligación de asumir cuotas municipales ha persuadido a las comercializadoras independientes en su intención de abrirse y seguir operando en esos lugares por el elevado coste de impuestos, sin que pueda recuperarse a través del margen de beneficios, lo que restringe la competencia.
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