Escaladores de Greenpeace han colocado placas solares en la fachada del edificio del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (c/ Poeta Joan Maragall, Madrid) y desplegado pancartas con los lemas: “El sol es de todos” y “No impuesto al sol”. Con esta acción, la organización ha querido hacer simbólicamente lo que los políticos no están haciendo: aprovechar la energía del sol para producir energía y denunciar el boicot y falta de apoyo del Gobierno a las energías renovables.
“Ya que no lo hace el Gobierno, hemos decidido hacerlo nosotros. En el país del sol, el autoconsumo no es un coste. Sí lo es desaprovechar las únicas fuentes autóctonas de energía que tenemos y quedar a la merced de los mercados energéticos internacionales”_, _ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de energías renovables de Greenpeace. “El Gobierno ha de priorizar a las personas y al planeta frente a los beneficios de las grandes empresas eléctricas aquí y en las negociaciones internacionales”.
Greenpeace desvelaba que solo con el 50% de los tejados de los 15 ministerios se podrían generar cada año 9,7 GWh de energía limpia con una reducción de 2.500 toneladas de CO2 anual. Al autoabastecerse con energía solar, estos edificios, ahorrarían casi 27 millones de euros en 25 años a las arcas del Estado y, con la revocación del impuesto al sol, la cifra subiría a casi 33 millones.
Paralelamente en Bruselas, Greenpeace está realizando otra instalación solar en la fachada del Parlamento Europeo, coincidiendo con un encuentro crucial para la negociación de la nueva Directiva Europea de Renovables. Esta tarde en el Parlamento europeo tendrá lugar la penúltima ronda de negociaciones trilaterales entre Consejo, Comisión y Parlamento europeo sobre la nueva Directiva Europea de Energías Renovables que marcará el papel de las energías limpias en el sistema energético comunitario hacia 2030, así como los derechos de las personas que quieran producir, almacenar, compartir y vender electricidad renovable. Esto tendrá un gran impacto en el verdadero rumbo de la UE para cumplir el acuerdo climático de París.
Hasta ahora, el Parlamento Europeo ha defendido los derechos de las familias, las pequeñas empresas o las autoridades locales para colocar paneles solares en sus techos o unirse a parques eólicos cooperativos, sin “impuesto al sol”, sin tarifas punitivas ni excesivos trámites burocráticos. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos, y especialmente el de España, quieren mantener el sistema energético firmemente en manos de un pequeño grupo de compañías eléctricas que están contaminando el aire que respiramos y causando el cambio climático al quemar combustibles fósiles como el carbón.
Los activistas también han entregado en el registro del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital más de 100.000 firmas recogidas en España para pedir al presidente Rajoy el fin del “impuesto al sol” y una apuesta por leyes que prioricen a las personas frente a las eléctricas. A lo largo de este año, el Gobierno español está negociando tanto en Europa como a nivel nacional tres procesos que van a marcar la política energética: las directivas europeas de renovables y de diseño del mercado eléctrico común; La Ley nacional de Cambio Climático y Transición Energética. Estas leyes pueden marcar la diferencia en la lucha contra el cambio climático.
Con estas dos acciones Greenpeace se une a las movilizaciones internacionales contra los combustibles fósiles Break Free From Fossil Fuels con el objetivo de garantizar alternativas para un nuevo modelo energético 100% renovable, eficiente, inteligente y en manos de las personas.
“Rajoy sigue prometiendo liderazgo en la lucha contra el cambio climático mientras en realidad su Ministro de Energía ataca el derecho ciudadano al autoconsumo y sigue apoyando con dinero público las fuentes más contaminantes de energía como el carbón, el gas o la energía nuclear. Es hora de transformar las palabras en acción”, ha concluido Pizzinato.
Miguel
17/05/2018