Suma y sigue. España no tiene respiro. Este fin de semana dos demandas de inversores internacionales se han presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativas a Inversiones (Ciadi) con las que España alcanza un total de 30 arbitrajes internacionales contra los recortes a las renovables llevados a cabo en la reforma energética.
Concretamente, España ha recibido 26 demandas en el Ciadi, tres en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y una en el Tribunal de París.
Según la página web del mismo Ciadi, Sun-Flower Olmeda GmbH & Co KG, Gilatz Spain SL, Redmill Holdings Ltd y Mr. Aharon Naftali Biram han presentado el pasado 28 de junio una demanda contra el Reino de España como empresas dedicadas al sector de renovables en España y que se han visto perjudicadas por el hachazo.
Sun-Flower Olmeda es una compañía de origen israelí con varios activos de renovables en España. Gilatz Spain es una filial de un fondo israelí que se llama Gelats Investments, Mr. Aharon Naftali Biram es el máximo responsable de Sun-Flower, mientras que Redmill Holdings Ltd. está afincada en Gibraltar.
Además, el brazo inversor en infraestructuras de la compañía británica M&G Investments, Infracapital, también ha demandado a España ante el Ciadi por el recorte a las renovables.
Se trata de la primera demanda de un inversor del Reino Unido tras aprobarse el Brexit el pasado día 23 de junio.
Infracapital posee una cartera plenamente operativa de seis plantas fotovoltaicas, con una capacidad total de 36,5 MW, situada en España. Los parques están en cuatro sitios, Fontellas, Lasesa, Valtierra y Tordesillas. Todos los parques se construyeron en el marco del Real Decreto 1578/2008.
Parecía que España ya no iba a recibir muchas más demandas por el recorte a las renovables después de que un arbitraje en el tribunal de la Cámara de Estocolmo diera la razón al Gobierno. Pero a pesar de esa decisión, ya son tres los grupos de inversores que han demandado a España en tribunales internacionales.
La japonesa Eurus Energy demandó en marzo pasado a España ante el Ciadi.
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