El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales 2025 confirma que Venezuela y España encabezan el ranking mundial de países con más laudos de arbitraje internacional pendientes de pago. Nuestro país acumula 22 laudos sin resarcir, por un monto cercano a los 1.600 millones de dólares, cifra que puede aumentar a 26 laudos si se confirman otros cuatro procedimientos donde el fallo original del arbitraje ya ha sido adverso para España. Sumando intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes, las obligaciones con los inversores afectados se incrementan en 450 millones de dólares (más de 385 millones de euros).
De más de 1.050 arbitrajes inversor-Estado finalizados a nivel global, el informe encuentra que la mayoría de tales procesos han concluido con el cumplimiento del laudo o un acuerdo entre las partes, mientras que los escenarios de incumplimiento suponen cerca del 10% del total.
Aunque se trate de un porcentaje minoritario, el impago de los laudos es algo así como un talón de Aquiles que socava la validez de los arbitrajes como elemento clave en la economía global y el derecho internacional. “Ser un buen pagador no solo es una cuestión jurídica, sino una decisión económica inteligente. La reputación de un país como destino de inversión depende de ello”, explica al respecto el profesor Nikos Lavranos, autor del informe.
Esta circunstancia impone costes económicos que minan el bienestar de todos los ciudadanos. En el caso de España, la caída de la inversión foránea durante la primera mitad de 2025 —un 60 % menos que el año anterior— coincide con la creciente visibilidad de su historial de incumplimientos y con la emisión de numerosas decisiones judiciales adversas en los tribunales de EEUU, Australia, Reino Unido o Bélgica.
En este último país, los tribunales han intervenido a España más de 200 millones de euros como medida cautelar para resarcir a una de las empresas afectadas por el incumplimiento de los laudos.
El beneficio de pagar
Si la edición de 2024 del estudio desmontó la tesis de que los arbitrajes inversor-Estado canalizados a través del Tratado de la Carta de la Energía son mayoritariamente referidos a la industria de los combustibles fósiles y puso de manifiesto que el grueso de los procedimientos están vinculados con las energías renovables, el informe de 2025 demuestra que el grueso de los arbitrajes son iniciados por empresas de menos de 250 trabajadores, desmontando el mito que vincula tales procedimientos con grandes corporaciones.
El informe dedica un extenso apartado a España, que vuelve a compartir con Venezuela el liderazgo en el ranking mundial por tercer año consecutivo. De los 22 laudos finales impagados, todos están relacionados con el sector de las energías renovables, tras los recortes retroactivos aplicados a las “primas verdes” que alteraron el marco regulatorio de inversión.
El estudio, no obstante, destaca un hecho inédito: en julio de 2025, el Gobierno español pagó por primera vez un laudo arbitral internacional —unos 40 millones de dólares a la japonesa JGC—, lo que podría marcar un punto de inflexión en su política de resistencia al cumplimiento.
“Ese pago voluntario demuestra que España puede iniciar un cambio de actitud. Cumplir los laudos no solo es una obligación jurídica, sino una señal de fiabilidad institucional”, señala Lavranos.
En la UE es distinto
El Informe de Cumplimiento 2025 subraya asimismo la creciente divergencia entre la Unión Europea y el resto del mundo en materia de ejecución de laudos. Mientras los tribunales europeos aplican la doctrina del TJUE (Achmea, Komstroy, Micula) y bloquean los laudos que benefician a empresas comunitarias, en otras jurisdicciones como EE. UU., Reino Unido, Suiza o Australia se está reconociendo de forma recurrente la plena validez de estos mismos laudos.
En el caso de España, los tribunales de EEUU han registrado siete laudos que condenan al país ibérico: a saber, los fallos que benefician a Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones), sumando un total de 644,4 millones de euros. Asimismo, el Tribunal Supremo de Australia ha hecho lo propio con los laudos de Watkins, RREEF, NextEra y 9Ren, reconociendo de esta forma una deuda de 469 millones.
El contraste es evidente: dentro de la UE, los inversores se encuentran con el bloqueo de la ejecución de los laudos pero, más allá de las fronteras comunitarias, cada vez más tribunales tratan los laudos como sentencias firmes y ejecutables, según recogen los propios convenios que regulan los arbitrajes del CIADI, el tribunal competente del Banco Mundial que dirime el grueso de las disputas inversor-Estado.
El documento subraya, además, una paradoja llamativa: mientras los dirigentes europeos contribuyen a generar un entorno de creciente inseguridad jurídica dentro de la Unión, el 44 % de las disputas inversor-Estado son promovidas por empresas europeas que litigan precisamente en defensa de la seguridad jurídica que Bruselas reclama para sus inversiones en terceros países. Se trata, en definitiva, de una situación asimétrica e incoherente, que debilita la credibilidad del propio discurso europeo sobre el imperio de la ley y la estabilidad para las inversiones.
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