España paga por primera vez una indemnización por el recorte a las renovables

El Gobierno de España ha satisfecho íntegramente un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation. Concretamente, el Ministerio para la Transición Ecológica ha acordado con el fondo Blasket Renewable, que es el fondo buitre que gestiona dicho laudo de la nipona JGC y otros muchos.

Se trata del primer pago realizado por el Reino de España en relación con los numerosos laudos internacionales derivados del recorte retroactivo a las primas renovables practicado por sucesivos gobiernos entre 2010 y 2014. La primera denuncia ante el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, se produjo hace ahora catorce años. Ahora que el caso JGC ha quedado resuelto, hay otros 26 laudos pendientes de pago.

“Por primera vez, inversores han recibido los fondos adjudicados por un laudo arbitral del Banco Mundial relacionado con inversiones verdes en España. Aplaudimos esta decisión del gobierno, pero es importante reconocer que sigue habiendo otros 26 laudos dictados en contra del Reino que serán ejecutados en los tribunales de todo el mundo, en caso de no ser abonados. Tal desenlace es inevitable. Al incumplir sus obligaciones internacionales, España solamente termina por aumentar la carga de obligaciones que debe pagar el contribuyente y, además, desincentiva la captación de inversión extranjera, precisamente en un momento en el que resulta vital atraer inversiones en energía e infraestructuras”¡, ha dicho Matthew D. McGill, socio de Gibson Dunn, el despacho de abogados que llevó al Reino de España a los tribunales de EEUU tras perder el laudo.

El pasado mes de septiembre, un tribunal federal de Estados Unidos (EEUU) autorizó la ejecución de un laudo arbitral contra España a instancias de la empresa japonesa JGC Corporation, que reclamaba 23,51 millones de euros a consecuencia del recorte a las primas a las renovables. JGC invirtió en dos plantas termosolares como las de la imagen.

Embargo

Ahora, tras varios años detrás de este pago, el pago total que ha llevado a cabo el Gobierno asciende a los 32 millones de euros, según fuentes del Miteco.

"El importe del laudo de JGC, cedido al fondo norteamericano Blasket, se quedó consignado en Bélgica en 2024, tras un embargo de los derechos de crédito relativos a Eurocontrol que se levantó tras la actuación de las autoridades españolas. España, tras obtener la aprobación de la Comisión Europea, ha negociado con Blasket para poner fin a todos los procedimientos abiertos alrededor del caso, mediante el cobro de la cuantía depositada en Bélgica, de 32 millones de euros", han explicado fuentes del Ministerio a este periódico.

El número de arbitrajes por renovables promovidos por inversores de estados no miembros de la UE contra España sólo representan un 5% del total y, de acuerdo con la doctrina del TJUE, no tienen cabida en el derecho de la UE, de modo que la satisfacción de los laudos no supone una Ayuda de Estado ilegal.

¿Y qué pasa con el resto?

Según los gestores del fondo Blasket, este avance en el cumplimiento de los laudos llega tras una larga disputa judicial que ha enfrentado a decenas de inversores internacionales afectados por los cambios normativos que alteraron de forma arbitraria y abrupta los incentivos ofrecidos a empresas y fondos que inyectaron más de 70.000 millones de euros en España para desarrollar proyectos de energías renovables.

La satisfacción del laudo representa un precedente importante para el resto de acreedores, que anuncian que siguen buscando un acuerdo pero, al mismo tiempo, siguen preparando nuevas medidas para la ejecución de sentencias firmes ante tribunales de terceros países. En este sentido, la justicia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica ya ha autorizado distintas medidas orientadas a proteger a los afectados, como el embargo cautelar de todo tipo de activos del Reino de España.

Sin embargo, el Gobierno señala que España ya ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales, 10.635 millones, y sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales.

Eso sí, reconoce que en el caso de inversores no europeos, tiene menos posibilidades de ganar. "España afronta la defensa frente a estos minoritarios arbitrajes extra-UE con todas las estrategias jurídicas a su alcance, agotando todas las vías de defensa, pero con menos argumentos jurídicos, al no poder invocar el derecho de la UE", señalan las mismas fuentes ministeriales.