España ha sido condenado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a indemnizar a la empresa japonesa Mitsui & Co. con un total de 39,2 millones de euros, como resultado de un arbitraje internacional relacionado con los recortes a las primas a las energías renovables.
El laudo, emitido el pasado 6 de marzo y confirmado en mayo, reconoce la obligación de España de pagar 31,5 millones de euros en concepto de daños, más 5,5 millones en intereses de demora. Asimismo, impone el pago de 215.000 euros por los costes del arbitraje y otros 2,2 millones por la condena a sufragar las costas legales en las que incurrió la empresa demandante.
La información, facilitada en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a preguntas del diputado popular Juan Diego Requena, confirma que Mitsui había reclamado inicialmente 199 millones de euros por las pérdidas sufridas tras los cambios implementados por sucesivos gobiernos españoles que, entre 2010 y 2014, revirtieron de forma retroactiva las primas renovables.
Tratado de la Carta de la Energía
La compañía nipona, con una destacada presencia internacional en sectores como la energía, las infraestructuras o la industria, invirtió en proyectos de energías renovables en España que se vieron afectados por la reforma del sistema de primas, lo que dio pie al litigio, cuya legitimidad se articuló invocando el Tratado de la Carta de la Energía.
Este laudo se suma a otras 25 decisiones similares emitidas por el CIADI en los últimos años, en las que también se ha fallado en contra de España por los recortes retroactivos de las primas renovables. Esta circunstancia ha motivado un creciente debate sobre la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria en el sector energético español.
En total, los 26 laudos que condenan a España suponen una obligación de pagar 1.510 millones de euros en concepto de indemnizaciones, cifra a la que hay que sumar 375 millones más debido a las condenas en costas, honorarios de abogados y consultores, intereses de demora, etc. La cifra agregada asciende a 1.885 millones.
Ayudas de Estado ilegales
Este es el primer laudo contra España tras conocerse la opinión de la Comisión Europea en la que categorizaba los laudos contra España como ayudas de Estado ilegales y por tanto conminaba a España a no pagar ni un solo laudo, algo que por otro lado lleva años sin hacer.
Además, estas ayudas de Estado ilegales abren la puerta a que sea España quien puede demandar a los inversores de renovables y reclamarles el dinero en caso de tener que pagar finalmente o perder algún bien embargado.
España iría contra aquellos inversores que han revendido su laudo al fondo buitre Blasket que posee más del 60% de los laudos perdidos por España en los distintos tribunales de arbitraje internacionales.
Vicente
12/05/2025