Eléctricas

España podría ahorrar 600 millones con un sistema más eficiente de servicios de ajuste

Un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas señala a políticas como el “British Industry Supercharger” como referencia para nuestro país

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España podría reducir en torno a 600 millones de euros anuales el coste de su sistema eléctrico si aplicara un modelo más eficiente en la asignación de los servicios de ajuste, según un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas, presentado hoy en el Foro AEGE 2025.

El documento, firmado por los investigadores Tomás Gómez, José Pablo Chaves, Paolo Mastropietro y Matteo Troncia, propone una reforma integral del sistema de liquidación de estos servicios con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la estabilidad de los costes. Actualmente, España soporta una socialización ineficiente de los servicios de ajuste, cifrada en unos 2.668 millones de euros anuales, que encarece el precio de la electricidad y genera una elevada volatilidad en los cargos aplicados tanto a la generación como a la demanda.

Los servicios de ajuste son mecanismos que permiten equilibrar en tiempo real la oferta y la demanda de electricidad, garantizando la estabilidad del sistema. En el modelo actual, sus costes se reparten mediante cargos variables poco predecibles que, según el IIT, distorsionan las señales económicas y desincentivan comportamientos eficientes por parte de los agentes del mercado. Los investigadores sostienen que este esquema incrementa artificialmente los costes del sistema eléctrico y repercute negativamente en la competitividad de la industria, especialmente en la gran consumidora de energía.

El estudio compara el caso español con las reformas emprendidas en varios países europeos que enfrentaron problemas similares. En Alemania, por ejemplo, los descuentos aplicados a consumidores industriales en las tarifas de red superaron los 1.000 millones de euros en 2024, una cifra que tuvo que compensarse con sobrecargos adicionales para otros usuarios. En Reino Unido, tras observarse efectos negativos comparables, el regulador decidió eliminar los cargos aplicados a la generación e implantar tarifas fijas predecibles para la demanda. Además, se introdujo un fondo de estabilización y un mecanismo de compensación a industrias electrointensivas, lo que contribuyó a reducir el riesgo regulatorio y a mejorar la competitividad del tejido industrial.

Supercharger

Una de las iniciativas más destacadas en este ámbito ha sido el “British Industry Supercharger”, un programa diseñado por el Departamento de Negocios y Comercio británico (DBT) para aliviar los costes eléctricos de las industrias con un consumo intensivo de energía. Este esquema permite una compensación de hasta el 60% de los cargos de red y de los servicios de ajuste, con el fin de reducir en torno a 20 libras por megavatio hora el coste total del suministro eléctrico para las empresas beneficiarias.

El sistema se financia mediante un cargo volumétrico revisado cada seis meses y se aplica únicamente a compañías que acrediten una alta intensidad energética y comercial. Según el regulador británico Ofgem, este modelo busca garantizar la competitividad de la industria nacional frente a otros países europeos con costes energéticos más bajos, al tiempo que mantiene el equilibrio financiero del sistema eléctrico.

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Los autores del informe del IIT destacan este tipo de políticas como referencia para España, subrayando que una compensación selectiva y transparente a los grandes consumidores podría evitar deslocalizaciones, reducir riesgos de fuga de carbono y fomentar la electrificación industrial sin trasladar sobrecostes injustificados al resto de usuarios.

Inspirado en estas experiencias internacionales, el IIT Comillas propone para España un nuevo esquema que integre señales de eficiencia con una estructura de costes más estable y equitativa. La reforma plantea incluir parte de los costes de los servicios de ajuste, como las reservas de frecuencia o la SRAD, en el precio de los desvíos, incorporando límites máximos para evitar subidas excesivas. También propone que los costes derivados de las congestiones de red se asignen siguiendo la metodología de peajes establecida por la Circular 3/2020 de la CNMC, lo que permitiría vincularlos de forma más directa a los niveles de tensión y a la responsabilidad real de cada usuario dentro de la red.

Estabilización de los costes residuales

Otro de los elementos clave es la estabilización de los costes residuales mediante un cargo volumétrico fijo, que sustituiría los actuales cargos variables y otorgaría mayor previsibilidad a empresas y consumidores. Este cargo estable podría acompañarse de un descuento específico para las grandes industrias electrointensivas, condicionado a criterios como el riesgo de deslocalización, la vulnerabilidad frente a la fuga de carbono o el compromiso con la electrificación de procesos productivos. Según el estudio, esta medida mejoraría la competitividad de la industria nacional y favorecería la transición hacia un modelo energético más sostenible.

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Con la aplicación conjunta de estas reformas, el coste total de los servicios de ajuste podría reducirse desde los actuales 2.668 millones de euros a unos 2.059 millones, generando un ahorro neto cercano a los 600 millones anuales. Los autores subrayan que esta cifra no solo representa un beneficio económico directo, sino también una mejora estructural en la eficiencia del sistema eléctrico español. Un esquema más estable y racional permitiría, además, reducir la volatilidad de los precios, aportar certidumbre a los agentes del mercado y mejorar la integración de las energías renovables en el sistema.

El IIT defiende que esta reforma situaría a España en línea con las mejores prácticas europeas y proporcionaría un marco regulatorio más predecible, favoreciendo la competitividad de la industria y la electrificación de la economía. “El nuevo modelo permitiría combinar eficiencia económica, equidad en la asignación de costes y sostenibilidad del sistema”, señalan los investigadores, que insisten en la importancia de adoptar un enfoque integral que contemple tanto las señales de precio como la estabilidad financiera del conjunto del sistema eléctrico.

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