La transición a una economía descarbonizada precisará de inversiones en redes eléctricas que en España la consultora Deloitte estima entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030 y que permitirán reducir hasta el 35% el precio a pagar por el conjunto de los consumidores entre 2015 y 2030.
El socio de Monitor Deloitte Alberto Amores ha presentado este estudio, y ha explicado que de esas inversiones -que estima reducirán casi un 10% los costes de redes que se pagan en la tarifa eléctrica- corresponderán a los operadores entre 29.000 y 34.000 millones.
Entre 14.000 y 15.000 millones de euros se destinarían a la modernización y actualización de la tecnología de las redes eléctricas, y de esa cantidad un 46% sería para redes de baja tensión, que son las que más se verán afectadas por la obsolescencia para gestionar una demanda que será muy diferente a la actual, con más renovables, mayor electrificación y nuevos modelos de consumo.
Además, un 13% de la inversión (entre 5.000 y 6.000 millones) serán para digitalización y automatización, ha explicado Amores, que ha señalado que estas inversiones tendrán un impacto positivo sobre la economía del país, tanto para la industria, que el estudio de Deloitte considera preparada para suministrar los nuevos equipos y soluciones que se requerirán, como para el empleo, que cifra en 40.000 puestos de trabajo de alta calidad entre 2018 y 2030.
Un 95% de la inversión sería servida por industrial nacional y el peso de la mano de obra nacional se situaría entre el 50% y el 60%, según las estimaciones del informe, que recuerda que las redes eléctricas contribuyen en cerca del 30% al Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y suponen el 40% de todos los empleos que aporta el sector eléctrico.
En cuanto a la reducción del precio de la electricidad a pagar por los consumidores, el estudio estima que pasaría de 130 euros el megavatio hora (MWh) que había en 2015 a entre 85 y 90 euros/MWh en 2030.
Pese a la magnitud de las cifras, Amores ha dicho que el volumen de inversiones que se requerirá no supondrá un esfuerzo muy superior al que se ha venido haciendo en España, donde en el periodo 2005-2016 fue de una media anual de 2.200 millones de euros.
La previsión del estudio de Deloitte para el periodo 2017-2030 se sitúa entre 2.000 y 2.400 millones de euros anuales, por lo que Amores ha dicho que es una inversión factible, dentro del límite regulatorio y sin gran impacto sobre la base de activos regulatorios (RAB) neto de los operadores.
En cuanto a la retribución financiera que deberían tener estas inversiones, Deloitte propone una tasa de retribución para el siguiente periodo regulatorio -el actual finaliza en 2019- que tenga en cuenta el coste del capital de los operadores de red y un diferencial medio sobre la deuda soberana como el reconocido a estas actividades en países del entorno.
En cualquier caso para que se puedan hacer las inversiones, Deloitte calcula que esa tasa debe estar en el entorno del 7%, cerca del 6,5% actual, una retribución que, si el Gobierno persiste en mantener la fórmula con el diferencial actual, el interés del bono del Tesoro a diez años más 200 puntos básicos dejaría la retribución en alrededor del 4%.
El sistema eléctrico español tendrá que integrar, según el estudio, 35 gigavatios (GW) de nueva potencia, debido a la gran cantidad de instalaciones renovables que habrá, indica el estudio, que señala que la inversión en redes también mejorará la seguridad del suministro.
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