España quiere una "lectura flexible" en lo referido a la reducción del consumo eléctrico que propone la Comisión Europea (CE) para que los estados miembros puedan adaptarlo a su realidad nacional, ha indicado este miércoles la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Ribera, después de la reunión que ha mantenido, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, con asociaciones de consumidores para la elaboración del plan de contingencia que España tiene que mandar a Bruselas, ha señalado que España pide "una lectura flexible que permita dar respuesta en cada uno de los estados miembros" con arreglo a su realidad, sin obviar la solidaridad.
Objetivo menor consumo de luz
La CE fija en su propuesta un objetivo general obligatorio de ahorro de electricidad para toda la UE de al menos el 5 %, tomando como referencia el consumo entre enero y agosto de este año.
Ribera ha explicado que para electrificar hay que asegurarse de que no se penaliza a los consumidores y que el incentivo para la destrucción de demanda sea por eficiencia, y no "por racionamiento, cuando no tenemos un problema de generación eléctrica".
Ha añadido que España reivindica que el objetivo de reducción de un 5 % de la electricidad que se consume "tenga dos matices".
En primer lugar, que no impida la transformación del sistema energético del país y, en segundo, que no se introduzcan medidas cuyo único fin sea destruir demanda eléctrica cuando no se necesite, ha dicho Ribera.
Ha recordado que cada estado miembro tiene una realidad diferente.
Ha puesto como ejemplo que Alemania no puede sustituir rápidamente el gas que le llegaba por gasoducto de Rusia, mientras que España no está en esa situación.
A juicio de Ribera, "adoptar medidas para los consumidores que lo pueden pasar peor este invierno no puede hacerse a costa de una capacidad de transformación, imprescindible, en aquellos estados miembros que estamos en condiciones de seguir avanzando en la transformación energética".
Respecto a la reunión con las asociaciones de los consumidores, la ministra ha informado de que le han trasladado su preocupación por cómo se ha encarecido su factura.
Ha indicado que las facturas, que ahora incluyen en el caso de los consumidores que están en el mercado libre lo que se paga por la compensación a los ciclos combinados por el tope al gas en el mercado eléctrico, no trasladan toda la información.
Así, no aparece reflejado cuánto se ha ahorrado el consumidor por la reducción fiscal de impuestos en la factura eléctrica, de los cargos y peajes; o por medidas regulatorias como la minoración de beneficios a las centrales que no usan gas para producir electricidad, o la aplicación del "mecanismo ibérico".
Ha añadido que "todos y cada uno de nosotros estamos ahorrando entre un 20 % y un 30 % de lo que hubiéramos tenido que pagar en ausencia del conjunto de medidas del Gobierno".
Las subastas inframarginales
Respecto a la celebración de subastas de energías inframarginales, Ribera ha dicho que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señala que obligarían a deshacer posiciones ya contratadas y que contratos de venta de energía a plazo tendrían que quedar liberados para poder tener energía disponible para esas subastas.
En esas subastas, la primera de las cuales el Gobierno dijo que la quería celebrar antes de que acabara 2021, los operadores dominantes (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) estarían obligados a ofertar electricidad para ser subastada entre otros agentes del sistema.
Ribera ha explicado que, debido a la necesidad de deshacer contratos advertida por la CNMC, para celebrar esa subasta se necesitaría un "decalaje temporal importante".
Por eso, ha indicado que el Ministerio está viendo si es el momento para introducir una medida así, que no se podría aplicar hasta dentro de 6 ó 7 meses, o si hay otras medidas más eficaces para facilitar electricidad a buen precio a los consumidores.
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