España se enfrenta a más de 6.000 millones en costes por el impuesto al CO2 industrial hasta 2034

La industria española encara una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. A medida que la Unión Europea endurece su política climática, el fin de los derechos gratuitos de emisión en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) supondrá un golpe financiero de primer orden. Según un análisis elaborado por Deloitte, la factura del CO2 para el sector manufacturero en España superará los 6.000 millones de euros hasta 2034.

En 2023, las emisiones del sector manufacturero español alcanzaron los 50 millones de toneladas equivalentes de CO2, derivadas principalmente de la combustión industrial y de procesos productivos intensivos en energía. Hoy, buena parte de esas emisiones aún están parcialmente cubiertas por derechos gratuitos dentro del ETS. Sin embargo, esa asignación desaparecerá en 2034, lo que transformará completamente la estructura de costes de las compañías.

Penalización

El informe detalla que el coste se calcula sobre la base de una penalización de 135 euros por tonelada de CO2 emitida en el futuro, frente a los 75 euros actuales. Este incremento, junto con la eliminación de derechos gratuitos, elevará la factura anual de las industrias intensivas hasta niveles difícilmente sostenibles sin inversiones en descarbonización.

Sectores como los minerales no metálicos, la química, la siderurgia, el papel y la alimentación concentran cerca del 70% del consumo energético industrial y serán los más expuestos. En el caso de los minerales no metálicos, la pérdida de derechos gratuitos elevaría el coste de sus emisiones de unos 312 millones de euros en la actualidad a cerca de 2.714 millones en 2034 (sumando combustión y procesos). Para la química, el salto sería de alrededor de 264 millones a 1.242 millones, mientras que la siderurgia pasaría de unos 122 millones a 851 millones y el papel de 34 millones a 365 millones, reflejando en todos los casos subidas drásticas en los costes de cumplimiento ambiental.

El cálculo consolidado del impacto arroja un total de 6.480 millones de euros en penalizaciones anuales a partir de 2034 si las emisiones se mantienen constantes y no se adoptan medidas de mitigación. Este escenario, advierten los analistas, supondría un fuerte golpe a la competitividad de la industria española en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, encarecimiento de materias primas y dependencia energética de terceros países.

La cifra adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que no incluye el coste adicional que representará el ETS2, un segundo sistema de comercio de emisiones que entrará en vigor en 2027 y que abarcará sectores como el transporte por carretera y la edificación.

Electrificación y competitividad

El informe subraya que la electrificación con energías renovables no solo es una obligación climática, sino una vía para recuperar competitividad. España dispone de abundantes recursos solares y eólicos que permiten generar electricidad entre un 20% y un 30% más barata que la media de la Unión Europea. Si esa ventaja se traslada al precio final de la energía industrial, prosigue el informe, las empresas españolas podrían reducir su factura energética y blindarse frente al coste del carbono.

El uso de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs, por sus siglas en inglés), según la consultora, aparece como una herramienta clave: garantizan precios estables para las empresas y seguridad de ingresos para los productores renovables. A ello se suma el potencial de reducción del consumo derivado de la electrificación de procesos térmicos, que en algunos sectores podría superar el 10% en el medio plazo.

Además de reducir la dependencia de combustibles fósiles, la electrificación tendría un efecto inmediato en la mitigación de la factura del ETS: cada tonelada de CO2 evitada equivale a 135 euros menos en penalizaciones a partir de 2034.

Oportunidades

Asimismo, más allá del coste, el informe concluye que la transición energética también abre oportunidades. España podría aprovechar su abundancia de recursos renovables, disponibilidad de suelo y ubicación geoestratégica para atraer industrias intensivas en consumo energético que busquen energía limpia y competitiva. Sectores como la fabricación de aerogeneradores, paneles solares, sistemas de almacenamiento, hidrógeno verde o semiconductores podrían consolidarse en el país, reforzando el tejido industrial y aumentando su peso en el PIB.

De hecho, las proyecciones de Deloitte apuntan a que la industria española podría incrementar su impacto económico en más de 200.000 millones de euros al año en la próxima década, lo que supondría un aumento del 50% respecto al nivel actual.