El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la normativa que prevé destinar 20.000 millones de euros adicionales en forma de subvenciones a inversiones para acelerar la transición climática y reducir la dependencia del bloque de los combustibles fósiles de Rusia.
España es el tercer mayor beneficiario y tiene asignados unos 2.600 millones de estos nuevos recursos, que se sumarán a los 7.700 millones de euros en ayudas directas que le corresponden por el cálculo definitivo del fondo de recuperación y otros 85.000 millones en préstamos que solicitará del mismo para potenciar estas inversiones.
Los eurodiputados validaron el acuerdo que alcanzaron en diciembre con los gobiernos de la UE con 535 votos a favor, 63 en contra y 53 abstenciones, que despejan el camino para la aprobación formal de la normativa una vez reciba el visto bueno definitivo de los Estados miembros.
Estos recursos adicionales para la transición energética forman parte del plan RePower EU que la Comisión Europea presentó tras el inicio de la guerra rusa en Ucrania y que exige a los Estados miembros que actualicen sus planes de recuperación con nuevos capítulos con iniciativas climáticas.
Hacia la transición verde
Los 20.000 millones de euros adicionales en transferencias directas procederán en un 60 % del Fondo de Innovación de la UE y en un 40 % de la venta adelantada de derechos de emisión del sistema de comercio de emisiones de CO2 (el sistema ETS) y no de utilizar derechos de la reserva de este mecanismo, como proponía inicialmente Bruselas.
Estos fondos se repartirán entre los Veintisiete teniendo en cuenta la política de cohesión, la dependencia de cada uno de los países en los combustibles fósiles y el encarecimiento de las inversiones.
La redacción final de la norma introduce también incentivos para que los Estados soliciten los créditos del fondo de recuperación para financiar RepowerEU, dado que la mayoría de los países todavía no ha dado el paso de solicitar a Bruselas estos préstamos.
Los fondos podrán ser utilizados para financiar acciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de edificios e infraestructuras críticas, acelerar la descarbonización de la industria, la producción de biometano e hidrógeno verde o el despliegue de renovables o actualizar las infraestructuras energéticas.
También podrán financiar medidas contra la pobreza energética, incentivar la reducción del consumo, mejorar la transmisión de energía a través de las fronteras o apoyar infraestructuras con emisiones cero, como el ferrocarril, en tanto que aquellos Estados que por su situación geográfica recibieron una derogación podrán usar fondos para infraestructuras de crudo para cubrir “necesidades inmediatas de seguridad de suministro”.
La eurodiputada del PSOE Eider Gardiazabal, que formaba parte del equipo negociador del Parlamento Europeo, destacó que la guerra no puede desviar los objetivos climáticos y, por eso, el acuerdo restringe la derogación del principio de "no hacer daño significativo al medio ambiente" a medidas "verdaderamente urgentes y necesarias para asegurar el suministro eléctrico".
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