Los ministros de Energía de la Unión Europea tratarán este jueves de alcanzar un acuerdo para fijar un tope al precio de las compras de gas a partir de una propuesta de Bruselas que fija el techo en 275 euros el megavatio hora (MWh) y que países como España tachan de "tomadura de pelo" pero que también rechazan otros como Alemania o Países Bajos por considerar innecesario un mecanismo corrector.
Según el planteamiento de la Comisión, este mecanismo de corrección del mercado, como lo llama Bruselas, se activará automáticamente ante excepcionales subidas de precios en base al mercado holandés TTF, de referencia para la UE, y limitará, a un mes vista, las transacciones en el mercado regulado, aunque contará con un freno de emergencia para su suspensión en caso de que provoque "graves perturbaciones".
No obstante, la medida, que se prevé poner en marcha a partir del 1 de enero y durante un año, no incluye a los mercados no regulados (OTC) ya que Bruselas considera que no puede ser monitorizado de una forma efectiva al tiempo que pretende que estos funcionen como válvula de seguridad para garantizar el suministro.
Además, su activación está sujeta a dos variantes: que la base del precio neerlandés alcance el precio máximo durante dos semanas y que la diferencia en la subida de precios del mercado europeo sea de 58 euros o más respecto a la media global del gas natural licuado (LNG) durante 10 días consecutivos, según explicó la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, en una rueda de prensa este miércoles en la que defendió los niveles de activación al ser "suficientemente altos como para minimizar los riesgos".
Duras críticas
Precisamente, son esas exigencias las que han suscitado las críticas de países como España o Francia, que junto a otros 13 Estados miembros, presionaron a la Comisión poner sobre la mesa un instrumento que permitiese capar los precios del gas tras el episodio de volatilidad del pasado agosto, cuando el pico superó los 320 euros el megavatio hora (MWh).
"El precio alto y el diferencial grande con respecto a otras referencias lo hacen prácticamente inviable", reaccionó a la propuesta el martes la vicepresidenta responsable de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien tachó la medida de "tomadura de pelo".
La ministra auguró las complicaciones para llegar a un acuerdo en el Consejo extraordinario de este jueves, al que España llega con un "nivel de indignación muy alto" en línea con un generalizado "sentir contrariado". "La Comisión va a oír cosas muy duras por parte de la mayoría de los ministros y tiene que cambiar muchísimo la actitud para que pueda haber un acuerdo", ha advertido Ribera.
Francia también ve este tope "insuficiente" por plantear un techo "demasiado alto" que, aunque responde a las demandas de los Estados miembros, no lo hace a sus necesidades, según fuentes diplomáticas francesas. A sus juicio, es un mero texto político que tendrá efectos "nulos o contraproducentes".
Tampoco delegaciones como la holandesa o la alemana ven la medida con buenos ojos, aunque por razones opuestas, pues consideran que intervenir en el mercado puede alterar y empeorar la situación. "Es muy arriesgado e innecesario", señalan fuentes diplomáticas.
Mecanismo de solidaridad y aceleración de renovables
Más allá de las negociaciones sobre el tope al gas, los Veintisiete debatirán también otros dos puntos en este consejo extraordinario: el reglamento de solidaridad para las compras conjuntas de gas y la aceleración del despliegue de las energías renovables.
La primera de ellas responde, al igual que el mecanismo de corrección del mercado, a la necesidad de limitar los precios del gas, aunque, en este caso, de un modo diferente al que plantea la Comisión y que se define como un corredor de precios con el mercado asiático como referencia.
Sin embargo, a pesar de tratarse de dos instrumentos diferentes, es posibles que algunos Estados miembros quieran vincular el reglamento de solidaridad al tope al gas de Bruselas, pues deja su artículo 23 abierto a la posibilidad de que la Comisión plantease un mecanismo de control de precios.
Por otro lado, se negociará el reglamento de 'permitting', que establece criterios de interés público prioritario para acelerar la autorización de grandes instalaciones de infraestructuras para energías renovables y que plantea la dificultad de un equilibrio entre la preservación de la biodiversidad y la transición verde.
Asimov
24/11/2022