El pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la simplificación del etiquetado de eficiencia energética de los electrodomésticos, por la que a finales de 2019 se introducirá una escala única (de la A a la G) que reemplazará de manera progresiva a la actual clasificación (A+, A++ y A+++).
La nueva norma prevé asimismo la creación en enero de 2019 de un registro de productos a fin de facilitar el trabajo a las autoridades de supervisión de los Estados miembros y garantizar que los cálculos de eficiencia energética se corresponden con los declarados por los fabricantes.
El objetivo principal es asegurar a los consumidores una información más clara que le facilite la toma de decisiones a la hora de adquirir los aparatos. Las primeras etiquetas revisadas llegarán al mercado a finales de 2019 y seguirá el ritmo de las mejoras tecnológicas en eficiencia energética.
La clasificación se revisará cuando el 30% de los productos en el mercado comunitario reciban la máxima clasificación (A) o cuando el 50% esté en las franjas A y B.
Los productos llevarán las etiquetas adheridas y los consumidores podrán obtener más detalles en Internet. La norma también establece que el fabricante deberá informar en caso de modificación de la clasificación de productos ya vendidos.
La publicidad deberá incluir la clasificación energética y se realizarán campañas de información para explicar el nuevo sistema a los consumidores.
Los eurodiputados han respaldado en el pleno de Estrasburgo (Francia) unas reglas que fueron ya pactadas el pasado mes de marzo por los negociadores de la propia Eurocámara y los Veintiocho.
Según la Comisión Europea, el 85% de los ciudadanos se fija en las etiquetas de eficiencia energética para comprar electrodomésticos, pero las categorías actuales del etiquetado resultan "confusas" y oculta las diferencias reales en eficiencia entre productos.
El Ejecutivo comunitario estima que entre el 10% y el 25% de los productos que se encuentran en el mercado no cumplen con los requisitos de etiquetado y eficiencia energética y que en torno al 10% del ahorro de energía previsto se pierde por este incumplimiento, que en parte se debe al "escaso" control por parte de las autoridades nacionales.
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