Europa y la política energética (una vez más)

El reciente encuentro de los jefes de Gobierno de España y Alemania ha proporcionado algunos datos interesantes para tener en cuenta en los próximos meses en el campo energético

La señora Merkel, a cambio de su apoyo a la candidatura de Luis de Guindos para presidir el Eurogrupo, pidió que España apoye la propuesta de mantener al actual comisario de energía, Günther Oettinger, en la misma cartera. Los medios señalan que la justificación estaría en que Merkel considera importante controlar la Comisaria de Energía en los próximos años, en un momento clave para las energías renovables.

Aunque no hay más declaraciones sobre los objetivos políticos de este interés por la Comisaría de Energía, ni sobre posibles ajustes en la estrategia energética alemana, todo parece indicar que Alemania considera que su modelo energético, basado en las renovables y en el abandono de la energía nuclear necesita consolidarse, y no podría conseguirlo sin exportarlo, en mayor o menor medida, al resto de la Unión.

En efecto, las fuertes inversiones realizadas hasta ahora, y las que quedan por hacer, en el proceso de implantación de la _Energiewende _(generación renovable y costes compensatorios por el cierre progresivo de la generación nuclear derivados de las reclamaciones de las empresas afectadas) se han traducido ya en un incremento del precio final de la electricidad que suscitó hace ya dos años una profunda alarma en el gobierno de la coalición, y que supone una carga muy pesada para las familias alemanas (aunque se haya sacado del precio, disfrazándolo de figura impositiva para financiar esa nueva generación) y en una amenaza para la industria, si bien en este caso se ha eximido a un buen número de sectores de pagar la tasa correspondiente, para no perjudicar la competitividad de su sector industrial. Esto no habría sido posible sin un trabajo concienzudo y discreto en Bruselas para influir paso a paso en la definición de una política energética europea que se parece cada vez más al modelo alemán, y en conseguir –no poco sorprendentemente, por cierto- que esas exenciones sectoriales (que países como España no han pensado en introducir) hayan pasado sin ser consideradas ayudas de estado, lo que contrasta con otros casos en que las instituciones europeas han sido mucho más duras en este terreno.

Quizá sean esos son los méritos de Oettinger, que probablemente continuará disfrutando de un puesto que, si en un primer momento le vino grande, con el tiempo ha sabido hacerse con él y ha sabido maniobrar bien para servir a los intereses del gobierno alemán.

Pero quizá hace falta algo más. Alemania, que apostó por las renovables no sólo como elemento clave de su nueva política energética, sino como sector con potencial de desarrollo, ha visto cómo la ventaja que su industria había adquirido en este sector se veía seriamente atacada por la competencia de otras partes del mundo, hasta el punto de que algunas empresas, en su momento punteras, han tenido que cerrar ante la presión de la competencia exterior. En ese momento se vió claro que para que la política energética alemana tuviese éxito había que extenderla al resto de Europa. Es decir, acertamos o nos equivocamos todos, no sólo Alemania. No tiene sentido que un país, por importante que sea, se lance decididamente a un modelo energético que difiera sustancialmente de los de sus socios, sobre todo si ese modelo le sitúa a la cabeza en precios (impuestos incluidos, para que la comparación se homogénea).

Esto, además de un coste económico, tiene un evidente coste político en el interior que una cabeza política como Angela Merkel no ignora.

Es probable, por lo tanto, que veamos en esta nueva legislatura europea un “impulso europeo” hacia una política más pro-renovable, a pesar de que los costes de esta política hasta ahora hayan sido muy onerosos para muchos países, entre ellos España. Detrás de ese impulso estará empujando un bulldozer… alemán.

Aquí no entramos a valorar cuál sea la política energética más adecuada para Europa. Pero lo que sería deseable es que su definición fuera un proceso más transparente, en el que se aborden las verdaderas cuestiones clave, que se huya de la uniformidad, innecesaria y dañina por definición, y que se respeten las previsiones del Tratado en el sentido de que el mix energético –que es la esencia de la política energética- es competencia de cada estado miembro, evitando la intervención de hecho de los sectores energéticos por las vías indirectas de regulaciones de mercado o de políticas supuestamente climáticas. Y que los estados miembros empiecen a pensar en políticas cooperativas, más que en defender los intereses de unos pocos socios.

¿Veremos algo de esto en los próximos cinco años? No nos quedará más remedio que volver sobre todo ello más adelante.

_ Pedro Mielgo es presidente de Nereo Green Capital y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía._