La batería de medidas que la ministra de Transición Ecológica ha presentado en el Congreso de los Diputados no ha dejado indiferente al sector. Su anuncio de 'suspender' el impuesto del 7% a la producción eléctrica tendrá consecuencias directas en los costes de las empresas generadoras que ya no tendrán que trasladarlo a sus clientes. Pero Teresa Ribera ha anunciado otras novedades.
"El impuesto del 7% a la producción eléctrica era una medida de la que ya estábamos en contra cuando se aprobó en 2012, por lo que es de justicia que se elimine", señala Heikki Willstedt, director de políticas energéticas de la patronal eólica AEE, "además estaba mal diseñado, se suponía que era un impuesto ambiental y lo mismo se aplicaba a la eólica como a las centrales de carbón".
"Pero de todas las medidas presentadas por la ministra, destacamos como especialmente positiva la futura aprobación del RD de acceso y conexión, gracias a ella se podrán prorrogar los permisos para los proyectos renovables. También es una buena noticia que el gobierno estimulará la repotenciación de los parques eólicos, es fundamental armonizar esta situación con lo que ocurre en el resto de Europa. No es bueno que se consideren por igual parques con máquinas antiguas y la tecnología actual", continúa Willstedt, "y dentro de las medidas para el sector, también es muy positivo el impulso a la hibridación de las plantas, es decir, según entiendo, se va a poder combinar diferentes tecnologías renovables (eólica, fotovoltaica o almacenamiento) en un mismo punto de evacuación, algo que la legislación no permite hasta ahora".
En definitiva, "esperamos que todo esto nos lleve a un modelo más moderno donde las renovables se complementen y tengan el respaldo del almacenamiento", concluye el experto, "pero lo que es seguro es que su mensaje ha tenido un objetivo claro, que los inversores vuelvan a nuestro país para apostar por nuevos proyectos"
"En lo que respecta a la fotovoltaica, y más concretamente en el sector del autoconsumo aplaudimos las medidas anunciadas por la ministra", explica José Donoso, director general de la patronal fotovoltaica UNEF, "pero necesitamos concreción y cuanto antes se publique en el BOE mejor para que tenga impacto en la factura de la luz".
Respecto a la suspensión del impuesto del 7%, "es bueno para los proyectos futuros pero para los actuales es una medida neutra. La cuestión es ¿cómo se va a cubrir el agujero que deja ese impuesto en el sistema eléctrico si no se recauda? De todos modos si la ministra reitera que está en 'suspensión', entendemos que es algo temporal, además según la Ley del Sector Eléctrico no puede haber déficit de tarifa, por lo cual debería buscarse otra alternativa que permitiese recaudar esos casi 2.000 millones de euros que el Estado dejará de percibir".
Para el responsable de UNEF, "una opción sería la recaudación extra que se está percibiendo en el IVA de la factura eléctrica al tener estos meses una base imponible tan alta, pero ¿y si baja el precio de la electricidad? Tiene que haber una alternativa para que se equilibre el sistema".
"Haciendo un simil con lo que se ha dicho en la comparecencia, la música suena bien", afirma por su parte José María González Moya, director general de la patronal de renovables APPA, "pero habrá que esperar a ver cómo se concreta. En el caso del impuesto del 7% ha hablado de suspensión, no de eliminación, porque está pendiente ver cómo repercute fiscalmente esa reducción de ingresos en el sistema, pero desde APPA siempre hemos defendido que ese impuesto se tenía que retirar".
"Por otro lado, valoramos y ponemos en positivo la intención del Ministerio de Transición Ecológica de tratar de potenciar los acuerdos bilaterales, los PPAs, con los proyectos renovables. Nos gusta también el anuncio que ha hecho sobre una planificación de subastas para crear el entorno adecuado para dar seguridad jurídica y atraer a los inversores internacionales, aunque no lo sabremos hasta que no publique el Plan Nacional de Energía y Clima", añade García Moya.
"Y de esas subastas, lo más interesante es que tuvieran el formato que se da en otros países, como es la venta de energía a plazo, porque se han demostrado que es un mecanismo eficaz para el sistema. De hecho, ya se hace en algunos países europeos, como en Francia, donde se liquida por diferencias aunque participen igualmente en el mercado mayorista".
En el caso de los productores fotovoltaicos de Anpier, "nuestra problemática es muy concreta y aunque Teresa Ribera ha hecho una referencia sobre ella durante la comparecencia, estamos a la espera de ver cómo soluciona la situación del sector social de los productores fotovoltaicos, pero el mero hecho de que nos haya nombrado, nos llena de expectación", apunta Rafael Barrera, director de la asociación, "el resto de medidas nos parece que son buenas noticias, como la reestructuración del sistema, del mercado eléctrico, la modificación en la fiscalidad... aunque entendemos que las cosas no se cambian de un día para otro".
"En realidad a las eléctricas no les afecta que el Ministerio de Transición Ecológica suspenda el impuesto del 7%", explican a este diario fuentes del sector, "quien lo va a notar es el consumidor final, ya que las compañías han internalizado este coste a sus ofertas en el mercado".
Una de las medidas que más les puede afectar a las grandes eléctricas son los cambios en el bono social para paliar la pobreza energética. "Las declaraciones de la ministra son un brindis al sol, porque no ha dicho quién se va a hacer cargo de esta tarifa, si pretende que sea responsabilidad de las comercializadoras como hasta ahora, las compañías lo van a recurrir como han hecho en ocasiones anteriores, porque es una decisión contraria a la ley", añaden las fuentes.
También Ribera ha anunciado que las eléctricas deberán informar a los clientes en sus facturas de la luz de cuáles son las tarifas que les resultan más beneficiosas. "Habrá que ver cómo se materializa esa medida, pero tal y como suena, supone que el sistema eléctrico deja de ser un mercado liberalizado porque obliga a las compañías a dar una respuesta determinada por el Gobierno. Nadie puede obligar a una empresa a decir cuál es la oferta que mejor le va al cliente".
En el caso del autoconsumo, "las eléctricas lo entienden como otro nicho de negocio, por lo que su desarrollo es bueno para todos", explican, "sin embargo, hay que advertir que si los autoconsumidores dejan de pagar una serie de cargos y costes del sistema, van a tener que asumirlos el resto de consumidores, y en España estos otros son básicamente las familias con menor poder adquisitivo".
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