FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Dirección General de la Energía de la Comisión Europea (CE) para solicitar que inicie un procedimiento contra el Gobierno de España por "vulneración" de la normativa comunitaria sobre las tarifas de luz y gasagua.
La organización ha requerido al jefe de la Unidad de Energía de Bruselas, Jan Panek, que analice el contenido de la sentencia dictada el pasado 23 de octubre por la Sección Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En ella se señala que los usuarios a los que se suministra electricidad y gas respondiendo a la obligación general de suministro deben ser informados en tiempo oportuno, antes de que entre en vigor cualquier subida de precios, de los motivos, las condiciones y el alcance de dicho incremento, según FACUA.
El TJUE declara que las directivas europeas sobre electricidad y gas se oponen a una normativa nacional sobre la obligación general de suministro que, como viene ocurriendo en España, permita a los proveedores modificar la tarifa sin garantizar que antes de su entrada en vigor se informe a los usuarios en tiempo oportuno sobre los motivos, las condiciones y el alcance de ésta. La sentencia del alto tribunal europeo responde a cuestiones planteadas por el Tribunal Federal alemán. Denuncia anterior
FACUA ya había denunciado el pasado marzo ante la Comisión Europea la nueva factura de la luz impuesta por el Gobierno de España. En su denuncia, la asociación señaló la vulneración de las directivas sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas.
Bruselas contestó hace unas semanas argumentando que inicialmente no encontraba ilegalidad en el nuevo modelo tarifario español, ante lo que FACUA presentó una serie de alegaciones que ahora ha completado con el contenido de la sentencia del TJUE.
FACUA ha señalado que está estudiando emprender acciones judiciales al considerar que la sentencia del alto tribunal europeo pone de manifiesto no sólo la ilegalidad de los actuales modelos de tarifas de electricidad y gas en España, sino también de los vigentes desde hace años, para que los consumidores puedan impugnar las subidas tarifarias que se han producido en los últimos años.
La organización señala que las compañías energéticas no envían a los usuarios información sobre las modificaciones tarifarias con anterioridad a su aplicación, a diferencia de lo que ocurre en el sector de las telecomunicaciones, donde la legislación española les obliga a hacerlo con un mes de antelación.
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