Fedea alerta del riesgo de una política intervencionista en la concesión del acceso a la red eléctrica

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha valorado que el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado por el Gobierno de medidas de respuesta al impacto por la crisis en Oriente Próximo incorpora reformas de amplio alcance en la regulación energética, con mejoras relevantes para el funcionamiento del sector eléctrico, aunque ha advertido del riesgo de utilizar el acceso a la red eléctrica "como instrumento de una política industrial intervencionista".

En un trabajo realizado por el profesor Diego Rodríguez, el 'think tank' señala que la norma introduce cambios estructurales en acceso y conexión, planificación de infraestructuras, renovables, almacenamiento y descarbonización industrial y destaca que no se limita a medidas coyunturales para contener el encarecimiento de la energía, sino que aborda problemas estructurales del sector eléctrico.

En ese sentido, destaca que el Real Decreto-ley introduce "reformas relevantes para abordar problemas estructurales del sector eléctrico, en particular en materia de acceso y conexión a la red, planificación de infraestructuras y despliegue de renovables y almacenamiento".

Sin embargo, la fundación también expresa reservas sobre el marco regulatorio. En particular, advierte de que la introducción de la categoría de proyectos "de alta prioridad" y, dentro de ella, de los proyectos estratégicos definidos por la Administración, puede abrir la puerta a una asignación discrecional del acceso a la red.

De esta manera, advierte de que esa preferencia por determinados proyectos supone un cambio respecto al principio de prelación temporal y a los mecanismos de concurrencia competitiva vigentes hasta ahora.

En este sentido, considera que utilizar el acceso a la red como "instrumento de política industrial intervencionista" puede distorsionar la competencia y no resulta aconsejable "dada la dudosa capacidad de los gobiernos para elegir 'ganadores' mejor que los mercados".

El acceso a la red eléctrica y los centros de datos

Fedea también pone el foco en los centros de datos y apunta que el Real Decreto-ley anticipa un régimen específico de acceso y conexión para estas instalaciones que podría incorporar requisitos vinculados al origen renovable de la electricidad consumida, la eficiencia energética, el uso del agua o la contribución a la soberanía digital, desaconsejando esta aproximación al entender que introduce criterios ajenos al procedimiento de acceso a la red.

Por otra parte, valora positivamente la creación de una prestación por reserva de capacidad, ya que el 'think tank' entiende que esta figura puede ayudar a reducir el acaparamiento especulativo de permisos y mejorar el uso de la capacidad disponible en la red.

Asimismo, también respalda la introducción de nuevos hitos temporales cuya superación implica la caducidad automática de los permisos, así como mecanismos para facilitar la renuncia o reducción de capacidad asignada.

A este respecto, estima que estas herramientas actúan como "pruebas de vida" de los proyectos y buscan evitar que la capacidad quede bloqueada por iniciativas que no llegan a ejecutarse.

Además, Fedea subraya que esa acumulación de capacidad no utilizada limita la entrada de nuevos proyectos viables en un contexto de saturación de la red que considera, en parte, meramente contractual.

Los mecanismos de revisión

Sobre la planificación de la red de transporte, el autor valora positivamente la flexibilización de los mecanismos de revisión. A su juicio, las revisiones periódicas más frecuentes permiten adaptar mejor la planificación a la evolución real de la demanda, mientras que el cambio de uso de determinadas posiciones en subestaciones y la posibilidad de que los solicitantes financien parte de las inversiones sirven como filtro para proyectos con mayor viabilidad.

En el ámbito renovable, el Decreto-ley incorpora las denominadas zonas de aceleración renovable (ZAR), en línea con la directiva europea RED III, y simplifica algunos procedimientos administrativos. Fedea considera que estas medidas pueden ayudar a agilizar el despliegue de nuevas instalaciones, aunque advierte de nuevo del riesgo de introducir subjetividad a través de la figura de los proyectos energéticos preferentes.

El estudio también valora de forma favorable las medidas dirigidas a impulsar el almacenamiento, en especial el bombeo hidráulico. Entre ellas, menciona la ampliación de la vigencia de los permisos de acceso y la declaración de utilidad pública, medidas que podrían facilitar nuevas inversiones en este segmento.

En paralelo, Fedea indica que el Real Decreto-ley incorpora nuevos instrumentos para favorecer la descarbonización industrial, entre ellos los contratos por diferencia de carbono a través del Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial.

Por otro lado, también valora que la norma recupera de manera temporal algunas medidas de contención ya empleadas durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, como la reducción de tipos impositivos o el refuerzo del bono social, que estima que ayudan a aliviar el impacto del alza de precios sobre los hogares y a moderar la inflación, aunque matiza que no discriminan en función de la renta y atenúan señales de precio que podrían favorecer un menor consumo.