El FMI pide a Honduras avanzar en la reforma energética y tributaria para asegurar el crecimiento económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha subrayado la necesidad de implementar políticas de movilización de ingresos en Honduras, para lo que ha pedido avanzar en la puesta en marcha de una reforma tributaria planificada y una administración fortalecida.

Además, según las conclusiones del personal técnico del FMI tras su visita a Honduras para la elaboración del 'Artículo IV, el país centroamericano también necesita acelerar las reformas del sector energético para limitar los riesgos fiscales, apoyar el crecimiento y mejorar el entorno empresarial.

En tercer lugar, los responsables del 'Artículo IV' han apuntado a un reforma de la política monetaria y cambiaria para respaldar la estabilidad de precios y la resiliencia ante los shocks. Con este fin, creen que el régimen cambiario de banda móvil debería gestionarse con miras a preservar la competitividad, al tiempo que debería mejorarse la eficiencia de la asignación del mercado de divisas.

La situación energética de Honduras

A pesar de los logros alcanzados en los últimos años, como la implementación de políticas económicas prudentes que apuntalaron la estabilidad macroeconómica y promovieron la resiliencia ante las crisis recientes, el personal técnico del Fondo ha observado que la pobreza y la desigualdad, la corrupción y las grandes necesidades de inversión siguen siendo obstáculos importantes para el crecimiento y el desarrollo sostenidos.

En este contexto, han apelado a la importancia de mantener una fuerte apropiación y compromiso con las reformas, y una adecuada planificación de contingencias. Del mismo modo, el FMI ha pedido a Honduras que aumente la preparación y generen resiliencia ante los efectos del cambio climático.

Asimismo, aunque han acogido "con agrado" el objetivo de Honduras de crear espacio fiscal para aumentar el gasto y la inversión social. No obstante, para lograrlo, han puesto el foco en la creación de mecanismos para mejorar la focalización del gasto social, incluido un registro social planificado, y mejoras en la eficiencia de la inversión pública. También han pedido seguir avanzando en la diversificación de las fuentes de financiación fiscal.