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Fundación Renovables pide reducir un 55% las emisiones industriales para 2030 y un 30% de producción circular

La organización ha incidido en la importancia de precisar sendas sectoriales claras en la reducción de emisiones con hitos para 2030 y 2040

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La Fundación Renovables ha pedido incorporar objetivos cuantificables y vinculantes en la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que en la actualidad se encuentra en proceso de enmiendas. En concreto, ha propuesto establecer una reducción del 55% de emisiones industriales para 2030 y un 30% de producción circular, en línea con las metas de la Unión Europea (UE).

La organización ha incidido en la importancia de precisar sendas sectoriales claras en la reducción de emisiones con hitos para 2030 y 2040, inspiradas en la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sin estos criterios, cree que España podría incumplir sus compromisos climáticos nacionales y europeos, especialmente tras la futura publicación del 'Acuerdo Limpio Industrial' (la 'Clean Industrial Act') de la UE.

Para evitar la fragmentación competencial, la entidad ha invitado a crear un 'Consejo Interministerial de Autonomía Estratégica' que integre a los ministerios de Industria, Transición Ecológica y Transporte. Asimismo, ha solicitado instituir un observatorio independiente con la participación de universidades, sindicatos y ONG ambientales para evaluar cada tres años el avance de las medidas. A su vez, Fundación Renovables también ha exigido ampliar la participación en el foro de alto nivel a pymes innovadoras, comunidades autónomas y sociedad civil para evitar que la ley quede limitada a Industria.

Las emisiones industriales

Con respecto al articulado, la ONG ha reclamado que se excluyan la energía nuclear, combustibles alternativos no sostenibles o electrocombustibles de los proyectos financiables y que se priorice la electrificación con tecnologías renovables. Para fomentar esto, ha recomendado la creación de un fondo quinquenal de industrialización que financie proyectos con, al menos, un 70% de energía renovable en sus procesos térmicos, excluyendo el gas natural y otras alternativas de "bajas emisiones".

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Además, ha recalcado la necesidad de un mecanismo que permita que la generación de márgenes empresariales provocada por las ayudas existentes redunde en mejoras salariales de los trabajadores y en el retorno del esfuerzo público a la sociedad. Por lo demás, también ha solicitado mecanismos de revisión extraordinaria ante crisis geopolíticas (escasez de materias primas, aranceles), cláusulas de reversión de fondos si las empresas incumplen objetivos ambientales y un programa nacional de capacitación en electrificación industrial, en formación profesional y universidades, para formar técnicos en sistemas eléctricos avanzados.

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