Garoña entra en la era post Fukushima

El anuncio realizado por el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, del cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña se ha presentado como el resultado de una batalla política y, como tal, de una decisión motivada por presiones exclusivamente políticas, después que el CSN autorizara su reapertura, advirtiendo que el cierre del parque nuclear encarecerá un 25% el recibo de la luz.

El cierre programado de la nuclear de Garoña no se ha podido presentar con más inexactitudes. El apoyo acrítico de los ministros de Industria y Energía a la nuclear ha sido constante. Desde 2009, cuando venció la licencia de la central de Garoña, se han dado todo tipo de facilidades para prorrogar su permiso de explotación, así como los permisos de todas las instalaciones nucleares.

El Gobierno de Zapatero optó por no hacer nada en 2009. En 2013, el ministro Soria decidió separar las razones de seguridad de las razones económicas para prorrogar automáticamente los periodos de operación. En 2017, el ministro Álvaro Nadal amplió hasta 2019 el plazo para solicitar las prórrogas de funcionamiento de las centrales nucleares, hasta que el Gobierno presente en Bruselas su plan integrado de Energía y Clima. Al separar la viabilidad económica de las condiciones de seguridad se cometió el error de subestimar la relevancia de los costes de seguridad en la rentabilidad de las plantas nucleares.

La seguridad es un componente imprescindible para que una central nuclear pueda operar. Después del accidente de Fukushima, en 2011, los costes y las obligaciones de nuevas inversiones en seguridad se han incrementado notablemente. La sorpresa saltó cuando los mismos propietarios de Garoña, al hacer sus cuentas, anunciaron que la falta de rentabilidad de la central hacía imposible su viabilidad en el futuro.

Garoña, como el resto de centrales nucleares, solo podía ser rentable a través de la exención de impuestos, de rebajar las inversiones en seguridad y de externalizar los costes de los residuos nucleares. Minimizar los riesgos para optimizar los beneficios supone en la práctica considerar el riesgo nuclear como incalculable, por lo que se considera una servidumbre que ha de pagar toda la sociedad y no los propietarios de las centrales. La presión política aducida encubre la más que dudosa viabilidad económica de la energía nuclear. Por otro lado, rebajar los niveles seguridad nuclear es un riesgo inasumible por la sociedad.

Para entenderlo mejor es necesario releer las condiciones que el CSN impuso a la central de Garoña para volver a operar y que “El Periódico de la Energía” publicó el 9 de febrero de 2017. El matiz es importante porque el CSN no ha autorizado la reapertura de la planta, sino que detalla las condiciones que habrá de cumplir si quiere volver a operar. Las condiciones e instrucciones complementarias se refieren a criterios y modificaciones de diseño en aspectos tan relevantes como la parada remota de la central y abandono de la sala de control, envejecimiento de materiales y la implantación de medidas de seguridad post Fukushima pendientes de cumplir desde 2011.

El coste económico de estas condiciones se estima entre 170 y 300 millones de euros, la central estaría parada más de un año y el plazo de la autorización hasta 2031, que establece el CSN, no sería suficiente para amortizar la inversión.  Iberdrola ha anunciado que sus nucleares acumulan pérdidas de 1.000 millones desde 2013 y Endesa ha pedido que la viabilidad de la prórroga requiere menos impuestos y menos inversiones. El informe de PWC sobre Garoña, a petición de Iberdrola, indicaba que alargar su vida útil a 60 años acarrearía pérdidas por 1.062 millones y exigiría un precio del mercado mayorista entre 65 y 69 euros MWh. Al final, la seguridad ha acabado con el mito de que la energía nuclear es barata, segura y que rebaja el recibo de la luz.

Pero el final de Garoña era previsible si se analiza lo que está pasando en todo el mundo. El coste de Fukhusima desde 2011 ya alcanza los 160.000 millones de euros y TEPCO depende del presupuesto público de Japón. La empresa nuclear francesa AREVA quebró y fue rescatada por EDF, eléctrica pública de Francia. TOSHIBA-Westinghouse, que gestiona el parque nuclear de EEUU, se ha declarado en quiebra en 2017 con 4.535 millones de pérdidas. Bloomberg (BNEF) informó que 34 de las 61 nucleares de EEUU no son rentables y pierden 2.600 millones cada año.

En Europa, el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, anunció en el Foro Nuclear Europeo que mantener el parque nuclear en la UE costará 450.000 millones de euros hasta 2050. El coste del reactor que EDF construye en Flamanville (Francia) se ha triplicado hasta los 10.500 millones, acumula más de 6 años de retraso y graves problemas en la tapa del reactor antes de su arranque. La central de Hinkley Point que pretende construir EDF en el Reino Unido tiene un coste inicial de 23.400 millones, con un precio de la electricidad garantizado de 109 euros MWh. ¿Quién se acuerda de las graves distorsiones en costes y plazos del reactor de Olkiluoto que se construye en Finlandia?

La energía nuclear se comporta como una tecnología inmadura, pues su mayor uso dispara sus costes. Con las renovables sucede lo contrario, a medida que aumenta su utilización sus costes descienden. La novedad es que la velocidad de esta tendencia se ha acelerado y las eléctricas que invirtieron en nucleares en el siglo pasado y criticaron ferozmente a las renovables, ahora solo invierten en renovables por la única razón de su mayor rentabilidad; además bajan el precio mayorista de la energía y las emisiones.

Garoña ha entrado en la era post Fukushima. El problema es que muchos líderes políticos y muchos líderes de opinión aún ignoran que Fukushima existió alguna vez.

Javier García Breva es asesor en políticas energéticas, presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía