Hay una máxima que pocas veces se cumple en política y es que siempre se ha de decir la verdad. A la que cabría añadir otra no menos importante, como no hablar nunca de lo que no se sabe. Lo más lamentable es cuando la ignorancia se pretende ocultar con la arrogancia. El exministro Soria ha sido víctima de un virus que desgraciadamente se extiende también por toda la política energética, que es el virus de la opacidad. Porque la misma opacidad que se practica para eludir impuestos es la que impregna nuestro sistema energético.
Cuando hasta la familia Rockefeller ha renegado de los combustibles fósiles por entender que las petroleras están ocultando a todo el mundo los riesgos del cambio climático, el exministro Soria planteó la reindustrialización de España a partir del fracking y la exploración de gas y petróleo sin reparar en el daño al territorio, el medio ambiente o la seguridad de las personas. Repsol huyó de Canarias así como las multinacionales del fracking de la península y la Ley 8/2015 de hidrocarburos, con el crudo barato, ha quedado reducida a la nada.
La política de carbonizar España ha logrado convertirnos en uno de los mayores importadores mundiales de petróleo y gas y en el primer re-exportador de GNL. La sobrecapacidad de las infraestructuras gasistas las hace innecesarias y ese error, político y empresarial, se ha pretendido corregir con más contratos de suministro de gas esquisto de EEUU y una política de más consumo interior en edificios y transporte para rentabilizar las infraestructuras infrautilizadas. La opacidad del mercado gasista ha llevado a la Comisión Europea a incluir su derecho a ver, revisar y vetar los contratos secretos de suministro de gas que los Estados miembros firmen con terceros países y a investigar los pagos por capacidad.
El resultado es que España ha batido su récord de importaciones de combustibles fósiles e incumplido sus compromisos de reducción de emisiones de CO2. Para promover el mayor consumo de gas ha habido que eliminar inversión renovable con moratoria indefinida, inseguridad jurídica y los informes ocultos de Roland Berger y Boston Consulting, así como penalizar el autoconsumo y el ahorro de energía a través de los peajes, subidas del término de potencia y el “impuesto al sol”, incumpliendo las directivas europeas de eficiencia energética. Como resultado, la inversión renovable ha desaparecido, la luz ha subido, los consumidores pagan más por la potencia contratada que por la energía consumida y el riesgo de pobreza energética alcanza al 20% de la población.
El ex ministro Soria ha sido el artífice de la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, que ha dejado la competencia sometida al poder ejecutivo, es decir, al ministro de Industria que ha asumido la mayor parte de las competencias de la anterior CNE. Esta captura del regulador independiente de la competencia ha aumentado la opacidad en detrimento de los derechos de los consumidores, como lo demuestra el silencio sobre las operaciones corporativas de Endesa. Todos los intentos de denunciar las prácticas fraudulentas en los precios de la electricidad, de los carburantes, la retroactividad contra las renovables o las puertas giratorias (consejeros de Enagás) han quedado así sofocados.
Todas las declaraciones del Ministerio de Industria sobre la energía nuclear han ocultado lo sucedido en Fukushima en 2011 y los nuevos estándares de seguridad nuclear. En el RDL 102/2014 se separan los criterios económicos de los de seguridad para facilitar la prórroga de vida útil de la nucleares cargando a la sociedad los costes incalculables de seguridad, residuos y desmantelamiento que las hace inviables. La gestión del ATC de Villar de Cañas, ocultando los informes negativos del CSN, es otra demostración del desprecio a la cultura de seguridad.
La fórmula para acabar con el déficit tarifario de la Ley 24/2013 y la Ley 18/2014 es bien sencilla, retroactividad para las renovables y los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladan de forma automática a los peajes. Dicho y hecho, en el RDL13/2014, de hibernación del almacén de gas Castor, se trasladan a los consumidores los costes y errores del proyecto. El gran fracaso, sin embargo, ha sido la renuncia a modificar el mercado mayorista, auténtico instrumento de conformación de precios de la energía a través de las grandes centrales térmicas. Confirma que la reforma solo ha pretendido garantizar los ingresos del sector eléctrico convencional con total opacidad sobre sus costes reales.
En todo el mundo se están transformando las tecnologías de generación a través de las renovables, la generación distribuida, el autoconsumo, el almacenamiento, los contadores y redes inteligentes y el vehículo eléctrico por razones económicas y ambientales. La reforma energética ha paralizado esta innovación energética en España con el solo objetivo de impulsar una pretendida reindustrialización a base del mayor consumo de hidrocarburos y la mayor dependencia energética. La opacidad del ex ministro Soria ha tratado de convertir la energía más cara y más contaminante en la más barata y más limpia. La duda sobre su comportamiento se traslada inevitablemente a toda su gestión que será una pesada carga para el futuro gobierno y para los consumidores.
Javier García Breva es ase_sor en Políticas Energéticas, presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía._
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jorge
26/04/2016