Las empresas generadoras de electricidad de Argentina rechazaron el plan del Gobierno de Javier Milei para que los millonarios fondos que se les adeuda a esas compañías sean pagados con títulos públicos.
El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, recibió de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) un escrito de rechazo a la modalidad de pago dispuesta por el Gobierno por cuanto "resulta en una afectación de los derechos contractuales" de las empresas y una "violación a su derecho de propiedad privada".
En una resolución de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial, se dispone que la deuda de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las generadoras sea pagada con bonos soberanos en dólares y con vencimiento en 2038.
La deuda de Argentina con las Argentina
Cammesa se nutre de recursos del Tesoro y de las empresas de distribución de electricidad para pagar a las empresas generadoras de energía y a las transportadoras de electricidad.
Tras la decisión del Gobierno de Milei de aplicar un plan de 'shock' de ajuste fiscal, con fuertes recortes del gasto público, Cammesa dejó de recibir parte de las transferencias del Estado.
De acuerdo a la resolución publicada, el Gobierno planea saldar la deuda correspondiente a diciembre y enero pasado, por 1.074.258 millones de pesos (1.086 millones de euros), con la entrega de bonos, y el pago en efectivo de la deuda correspondiente a febrero.
El pago de febrero queda sujeto a que las empresas acepten el pago con bonos de diciembre y enero, algo que las compañías calificaron de "inaceptable".
En su misiva a Caputo, las empresas alegan que esa modalidad de pago impactará en los "compromisos financieros" que algunas generadoras han asumido ante quienes financiaron sus inversiones, implica una quita adicional en su remuneración por la venta de energía y afecta en forma directa sus programas de operación, mantenimiento e inversión, "incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico" de Argentina.
Advirtieron, además, de que esto "resulta una alteración" a los contratos que "genera un precedente que desalentará nuevas inversiones", "compromete la responsabilidad" de Cammesa y del Estado argentino y "afecta la seguridad jurídica en general".
Las empresas aseguraron estar dispuestas a dialogar con el Gobierno para encontrar "soluciones aceptables".
Consultado en rueda de prensa por el rechazo de las generadoras a la resolución del Gobierno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Ejecutivo también está dispuesto proseguir las "conversaciones" con las compañías para resolver "este embrollo".
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