España se enfrenta a un desafío crucial en su camino hacia un sistema energético descarbonizado: modernizar su red de distribución eléctrica. Aunque el país es ya uno de los mayores exportadores netos de electricidad renovable en Europa y disfruta de algunos de los precios mayoristas más bajos del continente, la falta de una red flexible y digitalizada amenaza con frenar su potencial y debilitar los objetivos del Green Deal europeo.
Según el informe No Green Deal without a Grid Deal in the Iberian Peninsula, elaborado por Cleantech for Iberia junto a expertos de compañías tecnológicas y académicos de renombre, la clave está en impulsar un “Grid Deal” que permita evolucionar las redes actuales hacia infraestructuras más dinámicas, flexibles y gestionadas digitalmente.
El éxito de la transición energética en España y Portugal —y, en consecuencia, de los objetivos del Green Deal europeo— depende de que la red eléctrica pase de un modelo pasivo, sobredimensionado y basado en inversiones intensivas en capital, a uno en el que la flexibilidad y la eficiencia operativa tengan el mismo peso que las inversiones físicas. Sin esta transformación, advierte el informe, la electrificación de sectores clave como el transporte, la industria y la calefacción, así como la integración de proyectos de energías renovables, podría verse comprometida por los cuellos de botella en la red.
Solicitudes de conexión
Los datos recogidos en el informe son preocupantes: en España, la capacidad media de utilización industrial es de solo 3.774 horas al año, muy por debajo de lo necesario para una red eficiente y rentable. A esto se suma que las solicitudes de conexión a la red superan en más del doble la capacidad firmemente contratada, evidenciando la falta de infraestructura para absorber la creciente demanda eléctrica que conlleva la electrificación y el auge de nuevos sectores como los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.
En Portugal, más de 10 GW de proyectos renovables permanecen en lista de espera para conectarse, mientras el Plan de Desarrollo e Inversión en la Red de Transporte de Electricidad (PDIRT-E 2024) contempla inversiones por más de 1.690 millones de euros hasta 2034, una cifra que podría resultar insuficiente si no se aplican soluciones innovadoras.
En este contexto, el “Grid Deal” planteado por el conjunto muestra una serie de medidas clave: introducir tarifas flex-grid que incentiven a las distribuidoras a mejorar la utilización de la capacidad existente; permitir conexiones flexibles que habiliten la incorporación de nueva demanda sin necesidad de costosas ampliaciones inmediatas; y reformar la remuneración de los operadores de distribución (DSO) para valorar la eficiencia operativa y digital al mismo nivel que las inversiones en activos físicos. Este cambio regulatorio, señalan los autores del informe, permitiría que los DSOs obtuvieran mayores retornos cuando logren mejorar el uso de la red, alineando sus incentivos con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia.







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