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Hachazo de 2.600 millones contra la nuclear e hidroeléctrica por los beneficios sobrevenidos del precio desorbitado del gas

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En la primera edición de este martes, El Periódico de la Energía ya anunciaba una medida contra las eléctricas, concretamente contra las propietarias de las centrales inframarginales y no emisoras de CO2, es decir, nucleares, hidroeléctricas y algunos parques eólicos. Se trata de un nuevo dividendo de aminoración de beneficios para estas tecnologías por los altos precios del gas.

Algo muy parecido a lo que se está negociando en el Congreso de los Diputados sobre el dividendo de CO2, con el que se pretende ya repercutir a estas centrales con una rebaja del 25% de sus ingresos.

Según fuentes gubernamentales, la medida extraordinaria sólo se llevará a cabo mientras los precios del gas estén altos, es decir, durante los próximos seis meses y medio, hasta el 31 de marzo incluido.

https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-asestara-otro-recorte-a-las-electricas-para-limitar-la-tarifa-regulada-del-gas-durante-los-dos-proximos-trimestres/

Con esta medida, el Gobierno pretende quitar a las eléctricas 2.600 millones de euros durante este tiempo (dependiendo de la cotización del gas en el Mibgas), una cantidad que luego se destinará mes a mes a una caja extraordinaria controlada por la CNMC para liquidar la partida de cargos del sistema eléctrico.

Fuentes ministeriales aseguran que con esta medida más la de los 900 millones adicionales de los derechos de emisiones de CO2 se conseguirán reducir los cargos del sistema a todos los consumidores en un 96% durante el último trimestre, es decir, que sólo abonarán el 4% de lo que se venía pagando hasta ahora.

Cabe recordar que los cargos del sistema son unos 10.000 millones aproximadamente que se pagan a través de la factura de la luz. La mayor partida son las primas a las renovables, cogeneración y residuos con unos 6.500 millones, la deuda anual del déficit de tarifa, unos 2.600 millones y los costes extrapeninsulares, unos 700 millones anuales.

Según el Gobierno, esta medida sería bien vista por Bruselas ya que se ajusta al principio de proporcionalidad, aunque también espera que las eléctricas lleven esta medida ante los tribunales de lo contencioso.

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