Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) proponen crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero con el que recaudar más de 10.000 millones de euros al año en España y reducirlas en torno al 3%, ante la inauguración en Madrid de la COP25 el próximo lunes y la declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo.
Con esta propuesta el sindicato estima que se compensaría un déficit superior a los 6.000 millones de euros que sufre en la imposición medioambiental respecto a la media europea. En concreto, los técnicos sugieren una batería de medidas en la fiscalidad medioambiental europea para lograr emisiones netas cero de dióxido de carbono para 2050, tal y como se han comprometido hasta el momento 65 países, entre ellos España, con el objetivo de activar planes dentro de una Alianza por la Acción Climática.
El impuesto que plantea Gestha gravaría las actividades económicas y productos que en su proceso o uso emitan dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), clorofluorocarbonos (CFC) y ozono troposférico (O3). Los técnicos aclaran que otros gases de efecto invernadero como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) están gravados en España por el Impuesto sobre gases fluorados, que apenas recaudó 91 millones de euros en España el pasado año, por lo que los recomiendan unificarlos en el nuevo tributo.
Sin embargo, el impuesto no afectaría a las empresas incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) para evitar la doble imposición, ni a los fabricantes de los turismos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos. Por ello, señala que las personas y las entidades jurídicas que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las restantes actividades quedarán gravadas con el nuevo impuesto a través de dos factores de imposición sobre los carburantes y los combustibles.
Uno estaría ligado a la emisión de gases de efecto invernadero para reducir la contaminación (en kilogramos o tonelada de cada uno de los gases), y otro ligado al contenido energético (en gigajulios) para reducir el consumo energético con independencia del producto energético utilizado.
Asimismo, explican que este impuesto sería de naturaleza estatal, aunque podría negociarse con las comunidades autónomas la cesión de parte de su recaudación, mientras que a nivel de la Unión Europea proyectan una reformulación de los impuestos especiales.
UNA REFORMA FISCAL "VERDE"
En el Impuesto especial sobre Hidrocarburos proponen modificar la cirectiva comunitaria por la que se reestructura el régimen de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. También defiende Gestha una equiparación de la tributación que soportan el diésel y la gasolina, en línea con el informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español de 2014.
A pesar de que el diésel es un combustible "mucho más contaminante", Gestha denuncia que su gravamen es entre un 23 y un 29% inferior al de la gasolina. En este sentido, recuerda que en los fallidos Presupuestos para 2019, el Gobierno calculaba que reduciendo la bonificación del impuesto especial sobre el gasóleo podrían ingresarse 670 millones de euros.
Por otra parte, los técnicos suprimirían el Impuesto Especial sobre el carbón para integrarlo en el nuevo tributo, puesto que España solo recaudó 255 millones en 2018 debido a las amplias exenciones, y sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad calcularían la base imponible con el número de kilovatios-hora consumidos para incentivar la eficiencia y el ahorro energético.
En el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) Gestha considera conveniente aprobar una exención, como reclaman las asociaciones que agrupan a estas pequeñas instalaciones. Finalmente, recuerda que la tributación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) depende de las emisiones de CO2 y que el porcentaje de vehículos exentos ha pasado del 21% en 2008 al 76% de los vehículos vendidos en 2016, por lo que los técnicos piensan que habría que revisar sus exenciones.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "cumplir el principio de que quien contamina paga ayudaría a establecer un marco de responsabilidad medioambiental", algo que ve "fundamental" en un contexto en el que la Eurocámara ha declarado la emergencia climática.
Josep
30/11/2019