Hace un año, cuando el sector eólico se preparaba, al igual que el resto del sector energético y del país, para marcharse de vacaciones, se vio asolado por el tsunami de la Reforma Energética: miles de páginas de normativa que abrían un escenario radicalmente distinto para las empresas. Un año después, tras una dura batalla para intentar minimizar las consecuencias, el sector hace inventario de los daños e intenta vislumbrar qué le depara el futuro.
A corto plazo, éste es poco halagüeño, ya que el eólico ha sido el sector más perjudicado por la nueva regulación. Negociaciones con los bancos para intentar refinanciar y alargar la vida de los créditos ante un panorama de menores ingresos, una escrutadora mirada al negocio para tratar de ver dónde se pueden reducir aún más los costes, conversaciones con los abogados para decidir si se da y a través de qué vías la batalla legal contra la regulación… En el horizonte, muchas preguntas. ¿Serán suficientes los ingresos para cubrir los costes de mantenimiento? ¿Habrá momentos en que cueste dinero producir energía eólica? Los próximos meses serán clave para contestarlas.
Mientras los promotores de parques afrontan el nuevo escenario con preocupación lógica, los fabricantes de aerogeneradores y la industria auxiliar que les rodea se enfrentan a otra disyuntiva: ¿Realmente tiene sentido seguir fabricando en España tras la Reforma Energética? Desde que en 2010 comenzó la cruzada del sector para lograr que se dictase una nueva regulación que le diese visibilidad a largo plazo antes del vencimiento a finales de 2012 del Real Decreto 661/2007, todo han sido dificultades. La industria española, considerada un referente a nivel mundial por haber logrado crear empresas nacionales en toda la cadena de valor, se enfrentaba a una sequía de pedidos sin precedentes para el mercado español por la incertidumbre sobre el futuro. Y las cosas se fueron complicando hasta que la Reforma Energética confirmó las peores sospechas: no va a haber nuevos pedidos en el mercado español durante unos cuantos años. Buena prueba de ello ha sido que en el primer semestre sólo se ha instalado en España un aerogenerador de 80 kw. Desolador.
¿Qué ocurrirá si las empresas deciden marcharse? Antes de que acabe esta década, será necesaria nueva potencia eólica porque se recuperará la demanda de electricidad y habrá que cumplir los objetivos europeos en materia de renovables, a la par que suben los precios de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué? ¿Tendremos que importar aerogeneradores, un producto que se ha convertido en estandarte de la Marca España?
Así las cosas, el pasado 11 de julio el Consejo de Ministros aprobó su Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, un plan para estimular la demanda de bienes, asegurar un suministro energético estable y competitivo y reforzar la unidad de mercado. Y dejó claro que quiere apostar por el sector industrial, al más puro estilo de Alemania, Francia o Reino Unido.
Ésta es una buena noticia para el país: las economías con un potente tejido industrial resisten mejor los embates de las crisis. Y debería serlo también para la eólica: el sector cumple todas y cada una de las características de los sectores que el Gobierno considera prioritarios.
¿Cuáles son esas características? El Ejecutivo habla de sectores “con efecto tractor” para la economía, y el de la eólica es enorme: en España se desarrollan todas las actividades de la cadena de valor (promoción, construcción, fabricación, servicios). El sector cuenta con 195 centros de fabricación en quince de las diecisiete comunidades autónomas, y con 1.072 parques en cerca de 800 municipios, con lo que tiene efecto multiplicador en toda España. Además, se han instalado en el país un gran número de empresas eólicas extranjeras, por lo que una parte relevante de la adquisición de inputs para sus procesos de negocio se realiza en nuestro suelo.
Se quiere potenciar la I+D orientada al mercado y con más peso del sector privado: el esfuerzo de la industria eólica española en I+D+i es del 7,25% de su contribución sectorial al PIB, frente al 1,35% que representa la I+D total sobre el PIB español. El 64% de la I+D de la eólica procede de financiación privada. Y España ocupa la quinta posición del mundo en patentes eólicas según la ONU.
El Gobierno quiere también, con buen criterio, que España pase de ser un centro productivo para el mercado europeo a un exportador de referencia a nivel global. Pues bien, España es el tercer exportador del mundo de aerogeneradores, después de Dinamarca y Alemania. Y exporta por valor de unos 2.000 millones de euros anuales, más que industrias tan emblemáticas para España como el vino o el calzado.
Como no podía ser de otro modo, en el centro del plan del Gobierno figura la necesidad de crear empleo de calidad. En este sentido, la eólica crea cinco veces más empleo que las tecnologías convencionales. Y el 70% de los empleados del sector tiene algún tipo de titulación.
Bienes y equipos de alto componente tecnológico Made in Spain, fabricantes nacionales que se codean por derecho propio con los líderes mundiales… Suma y sigue. Sin olvidar que la eólica contribuye a la competitividad del resto de la industria al reducir el precio de la electricidad. En 2013, una empresa media española pagó 765 euros menos al mes en su factura de la luz por el efecto reductor del viento al desplazar a tecnologías más caras.
En definitiva, el sector eólico debe formar parte necesariamente de la agenda industrializadora del país: España no puede permitirse que las empresas eólicas se marchen tras el varapalo de la Reforma Energética. Sería un tremendo error.
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