El representante de Ibercyl Ricardo Bravo ha dicho en el Juzgado que la Junta de Castilla y León ponía la condición de contar con socios locales para optar a la concesión de parques eólicos en esta comunidad autónoma, según ha explicado a los periodistas el letrado de la acusación popular en el "caso de las eólicas".
Bravo ha declarado como investigado durante cerca de dos horas y media ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que se ocupa de las diligencias abiertas por la supuesta autoría de delitos continuados de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, relacionados con la tramitación de concesiones de parques o empresas eólicas en la Comunidad.
Tras la comparecencia en el Juzgado, el abogado de la acción popular, que ejerce Ecologistas en Acción, ha manifestado que el representante de Ibercyl ha considerado que, al buscar un socio local para un parque eólico cumplían con una condición "necesaria" que establecía la Junta.
El abogado ha precisado que, al parecer, las empresas asumían esa condición con normalidad y, sobre la relación con el entonces consejero de Empleo, Tomás Villanueva, ha detallado que Bravo ha considerado que mantenían "relaciones institucionales", más habituales con el viceconsejero y con más asiduidad con la Dirección General.
El letrado ha opinado que esa inclusión de socios locales suponía que la tramitación de las concesiones para los parques eólicos fuera más rápida.
Esta jornada, antes de Bravo, han declarado también como investigados los hermanos Alejandro y Miguel Ángel Llorente, directivos de Inverduero.
Según ha considerado el abogado de Ecologistas en Acción en función de la comparecencia de ambos, existen organizaciones complejas que se convierten en compartimentos estancos sin saber qué se hace en el compartimento de al lado.
El letrado de los dos declarantes ha asegurado a los periodistas que ambos han contestado a todas las preguntas que les han formulado tanto el fiscal como la magistrada y los letrados.
Ha concretado que, en su comparecencia, los dos han explicado que todas las operaciones se llevaron a cabo en el marco de la actividad normal de Inverduero y se desarrollaron con "escrupuloso respecto" a la normativa vigente.
Las actuaciones judiciales se desarrollan a raíz de la interposición de una querella por parte de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, contra el exviceconsejero de Economía y Empleo Rafael Delgado y otras veinte personas más, entre ellas empresarios.
El Juzgado que está llevando a cabo las diligencias también ha citado a declarar como investigado al exvicepresidente y exconsejero de Empleo de Castilla y León Tomás Villanueva para el próximo 18 de octubre, una decisión contra la que se ha planteado recurso, pendiente de resolución.
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