Iberdrola deberá correr con los costes económicos del derribo de la presa de Los Toranes (Teruel), según una sentencia del Tribunal Supremo que establece que, cuando se extingue una concesión hidroeléctrica, la empresa concesionaria tiene que hacerse cargo de los costes de demolición de las instalaciones.

Fuentes de la compañía han indicado a EFE que "acatan la decisión" del Supremo, mientras que Ecologistas en Acción ha subrayado que "esto puede afectar a docenas de presas en los próximos años".

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aprobó en noviembre de 2020 la demolición de esta presa "obsoleta", tras vencer en 2018 el plazo de la concesión, con el fin de regenerar el río Mijares y que aporte suficiente caudal para reconectar y alimentar con sus aguas varios espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000.

Iberdrola recurrió entonces al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), solicitando no hacerse cargo de la demolición, pero el TSJM no le dio la razón y la energética elevó el recurso al Tribunal Supremo, que esta semana ha rechazado igualmente sus pretensiones.

La resolución para Iberdrola

La compañía alegaba que la concesión establecía que, cuando llegara a su fin, las instalaciones revertirían al Estado, por lo que consideraba que eran las arcas públicas las que debían costear el derribo.

La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso EFE, señala que la "obligación de demolición al término de la concesión y a costa del concesionario se justifica, tal y como motivó la modificación normativa del año 2012, por la necesaria protección del dominio público".

Dictada con fecha de 2 de julio y notificada a las partes el 12 de julio, la sentencia fija como doctrina que "la obligación de demolición de lo construido en dominio público puede ser impuesta por la Administración hidráulica, como condición, en la resolución que acuerda la extinción de un título concesional que no contempla aquélla, a fin de evitar perjuicios a terceros y/o al interés público".

Tras apuntar que acata la sentencia, Iberdrola ha recalcado la "preocupación generalizada que hay en las comunidades y en los pueblos afectados por la posible pérdida de estas infraestructuras de gran importancia en un país seco como España".