Iberdrola ha defendido que la envergadura del proyecto Western Link, el cable submarino para exportar energía entre Escocia, Gales e Inglaterra, "así como la tecnología de vanguardia implicada, supusieron una compleja fase de construcción y entrega".
Fuentes de la compañía indicaron que desde el principio, la empresa conjunta formada por su filial británica, Scottish Power, y National Grid "se esforzó por proteger a los consumidores contra los retrasos y ofrecer el enfoque más eficiente y económico, ya que la nueva tecnología utilizada significaba que se necesitaban menos cables, lo que minimizaba los costes y las molestias a las comunidades locales".
A de pesar de estos esfuerzos en el proyecto, el servicio se puso en marcha con un retraso de casi dos años con respecto a la fecha incialmente prevista del año 2017.
No obstante, la investigación del regulador británico de la energía, Ofgem, determinó que las causas fundamentales del retraso fueron los problemas en los procesos de fabricación, la instalación de los cables y las pruebas de puesta en marcha de los proveedores, destacaron las mismas fuentes.
Este martes, Ofgem decidió hacer abonar a Scottish Power y a National Grid 158 millones de libras (186 millones de euros) por estos retrasos en el cable submarino Western Link.
El regulador reconoce que los consumidores se han beneficiado de 100 millones de libras (unos 118 millones de euros) gracias a la gestión financiera del proyecto por parte de las empresas y a su estrategia de gestión de contratos.
De los 158 millones de libras, 15 millones de libras (unos 18 millones de euros) serán aportados directamente al fondo de ahorro energético de Ofgem y el resto a compensación a los clientes via reducción en tarifas.
Western Link, que cuenta con 262 millas de cable de las cuales 239 millas están bajo el agua, es un ejemplo de infraestructura innovadora para que Gran Bretaña alcance sus objetivos de cero en carbono, llevando la energía verde a donde se necesita y permitiendo un sistema eléctrico más eficiente.
Desde que entró en funcionamiento ha permitido la transferencia de electricidad renovable para abastecer la demanda de más de dos millones de hogares cada año. Se espera que continúe suministrando durante décadas, impulsando las ambiciones de neutralidad del Reino Unido al mismo tiempo que ahorra dinero a los consumidores
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