Iberdrola se ha visto obligada a anular una refacturación de 2.629 euros a un cliente de León tras acusarle de haber manipulado el contador del suministro eléctrico correspondiente a su vivienda, por lo que el usuario tuvo que abonar varios plazos de la misma para evitar que se lo cortara.
La Delegación Territorial de la Junta en León concluyó, tras un recurso de alzada presentado por Facua-Consumidores en Acción, que la refacturación solo se basó en un informe de un técnico de Iberdrola y no requirió ni la intervención de la administración para comprobar la supuesta manipulación ni la presencia del titular del suministro.
Los hechos, según ha detallado la asociación de consumidores en un comunicado, se remontan a diciembre de 2017, cuando Iberdrola comunicó a este cliente que su servicio de inspección había detectado que el "equipo de medida" estaba "manipulado" y le dijo que procedía "a regularizar la situación" y a hacer "la valoración de la energía pendiente de facturar".
En marzo de 2018, Iberdrola hizo, supuestamente, una inspección al contador y dijo al cliente que lo habían encontrado manipulado.
El día de la supuesta revisión no avisaron a nadie e Iberdrola indicó que el contador era propiedad de la compañía y no tenía que avisar a nadie para realizar inspecciones.
En la factura de regulación que emitió la eléctrica desde que se colocó ese contador, supuestamente manipulado, hasta la fecha de inspección viene recogido un consumo mucho mayor del realizado.
El cliente, antes de pedir la actuación de FACUA Castilla y León, reclamó a Iberdrola alegando que era excesivo el consumo indicado por la empresa, ya que realizó un resumen de consumos desde 2015 hasta la fecha de colocación del contador y observó que era abusivo lo que pretendía cobrar.
En junio de 2018, el Servicio Territorial de León de la Delegación Territorial de Economía rechazó la reclamación de la asociación, por lo que FACUA Castilla y León interpuso un recurso de alzada ante la Delegación Territorial de la Junta en León, que fue estimado, dejando sin efecto la resolución del jefe del servicio Territorial de Economía de León.
Declaraba entonces que el cliente no tenía que abonar la supuesta deuda de 2.629 euros (2.173,13 euros + 456,36 euros de IVA) reclamada por Iberdrola, entre el 21 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre de 2017.
La Delegación Territorial de la Junta en León destacó que la compañía eléctrica "no había cumplido con sus obligaciones, ya que no había acreditado la puesta en conocimiento de las autoridades de la manipulación del equipo de medida" y que desde la misma "no había informado de la inspección que iban a realizar" sino "del resultado de la inspección unilateral realizada".
De acuerdo a las mismas fuentes, la administración castellanoleonesa dijo que "un técnico de una empresa privada no puede tener presunción de veracidad" y se preguntaba "cómo era posible que en el ámbito privado se pueda actuar con total impunidad siendo 'juez y parte' a la hora de imputar un presunto ilícito y la correspondiente sanción sin valoración objetiva alguna a pesar de tener datos para realizarla".
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