Iberdrola y Siemens disputarán el segundo asalto de su batalla judicial en Siemens Gamesa este martes en los juzgados de Bilbao, en este caso por los posibles conflictos de interés tras la creación de una nueva sociedad, Siemens Energy, en la que se incluirá a la antigua Gamesa.
El pasado martes la eléctrica vasca ganó parcialmente la primera ronda, con la sentencia a su favor sobre las materias reservadas al consejo de administración de Siemens Gamesa, compañía en la que la alemana posee el 59 % de las acciones, e Iberdrola, el 8 %.
Ahora, el próximo martes habrá un nuevo juicio en el juzgado de lo mercantil número 1 de Bilbao, en el que están citados a declarar los máximos dirigentes de la eólica.
El origen de las diferencias está en el impacto que Iberdrola estima que podría tener la decisión de Siemens de traspasar todo su negocio energético, incluido el de Siemens Gamesa, a la nueva sociedad Siemens Energy, que cotizará en Bolsa este año.
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A juicio de la eléctrica, ello podría derivar en conflictos de interés, dar a Siemens una posición de ventaja y perjudicar a Siemens Gamesa.
Como muestra de este posible conflicto de interés, la eléctrica recuerda que el consejero dominical de Siemens Gamesa en representación de Siemens, Michael Sen, será el futuro consejero delegado de la nueva sociedad Siemens Energy.
Iberdrola entiende que hay seis consejeros de Gamesa que pueden incurrir en conflicto de interés, pero especialmente Michel Sen y Marcus Tacke -el consejero delegado de Gamesa-, que considera tienen especiales vinculaciones con Siemens.
Los dos altos cargos, Michael Sen y Markus Tacke, están citados a declarar el próximo martes en la vista oral. También declarará otro consejero, Alberto Alonso, un catedrático que propuso un solución pactada, rechazada.
Iberdrola también teme que la segregación elimine los acuerdos pactados en la fusión que dio origen a Siemens Gamesa, que protegían a los proveedores vascos y a los accionistas minoritarios.
Por su parte, la defensa de la empresa alemana no considera que exista un "riesgo de conflicto" por estos cambios.
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