Los últimos acontecimientos relacionados con la política energética del Gobierno han despertado el interés -y también las críticas- de los analistas del Instituto para la Economía Energética y el Análisis Financiero (IEEFA). El instituto de análisis estadounidense realiza investigaciones y análisis sobre cuestiones financieras y económicas relacionadas con la energía y el medio ambiente y hace unos días ponía en entredicho el futuro de las centrales de carbón de Endesa, de las que aseguraba que “contaminan muchísimo y no serán rentables”.
Ahora el objetivo de las críticas es el giro dado por el Gobierno español la semana pasada encaminado a bloquear los cierres de las centrales eléctricas de carbón, decisión que a juicio de IEEFA es el último ejemplo de una tendencia hacia la costosa interferencia política en los mercados eléctricos.
En otras partes de Europa, se puede observar una intervención similar en forma de “pagos por capacidad” que apuntalan el gas, el carbón y la energía nuclear, y más recientemente también en EEUU, donde el gobierno propone pagos por “fiabilidad de la red” a las centrales de carbón y nucleares.
Dicha interferencia se agrega directamente a los costes de electricidad a través de apoyos del consumidor o del contribuyente, e indirectamente, fomentando una sobrecapacidad del sistema. “Las intervenciones gubernamentales aleatorias como la propuesta en España también crean incertidumbre en el mercado”, dice el analista de IEEFA Gerard Wynn
Las inversiones en conservación de carbón de Endesa, a juicio del instituto de análisis, chocan con la tendencia emergente hacia la eliminación del carbón en otras partes de Europa. Además, la intrusión del Gobierno español le permitiría vetar el cierre de plantas, con independencia de los deseos de las compañías eléctricas que las operan.
Si bien el objetivo de esta política, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal, es preservar la seguridad del suministro del país, España tiene un margen de capacidad de alrededor del 30%, si no mayor, como exceso de oferta por encima de la demanda máxima. Eso supera con creces el margen del 10 al 15% que los operadores de la red podrían necesitar para asegurar el riesgo de grandes interrupciones en la planta y mediar la variabilidad de la energía eólica.
“El exceso de capacidad de España –dice Wynn- es el resultado de intervenciones del gobierno en el mercado, y en particular del mercado de capacidad del país, que paga para mantener las plantas de carbón, gas e hidroeléctricas en el sistema, independientemente de si generan o no electricidad”.
El análisis apunta tres tipos de costes en la intervención política del mercado eléctrico español. En primer lugar, los costes directos de casi 1.000 millones de euros pagados anualmente para subsidiar el mercado de capacidad de España. IEEFA informó el año pasado en detalle sobre este aspecto en un análisis realizado bajo el título “Mercado de capacidad de España: ¿seguridad energética o subsidio?”.
En segundo lugar, el mercado de capacidad combinado con regulaciones que impiden el cierre de la capacidad ociosa ha llevado, en opinión de IEEFA, a un exceso de capacidad, donde los ciclos combinados de gas, de combustión más limpia, se quedan inactivos a cambio de plantas de carbón más antiguas, más caras y más contaminantes.
El hecho causa sorpresa a los analistas, quienes no dudan en afirmar que “sorprendentemente, en cada uno de los últimos cinco años consecutivos, los 25 gigavatios (GW) más o menos de las turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT) han operado a menos del 20% de su capacidad. Claramente, los pagos de capacidad para apuntalar una capacidad de generación inactiva generalizada “son un valor pobre”, que se traduce, además, en unos costes sociales adicionales en términos de emisiones de óxido de azufre, dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono.
En tercer lugar, el informe señala que la interferencia del gobierno socava las decisiones económicas de las compañías eléctricas, afirmación que hace referencia a la decisión de España de extender su proyecto de decreto en lo que parecía, a juicio de IEEFA, una reprimenda al anuncio de Iberdrola de su deseo de cerrar sus dos últimas plantas de carbón.
“Iberdrola sabe lo que hace y ha declarado que los cierres de las plantas en cuestión no socavarán la estabilidad de la red, dado que Iberdrola opera alrededor de 5,7 GW de CCGT”, añade el analista, quien tras hacer referencia al informe sobre el caso Endesa, concluye afirmando que “el gobierno español no está ayudando al oponerse al cierre de plantas de carbón mediante políticas que solo irán en contra de estrategias más y mejor ponderadas”.