El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido de que la posible implantación de un nuevo gravamen extraordinario al sector energético en el contexto del conflicto en Oriente Próximo sería "injustificado y contraproducente", al tiempo que ha alertado de sus posibles efectos negativos sobre la seguridad de suministro y la competitividad europea.
En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Imaz consideró que, a pesar de que en el pasado con la guerra de Ucrania ya estuvo vigor una medida en esa línea, "hasta el momento no se ha visto un objetivo real para tal medida a nivel europeo".
Por ello, el ejecutivo de la principal petrolera del país confió en pensar en que "este tipo de gravámenes confiscatorios no van a aparecer esta vez ni en Europa ni en España".
No obstante, los gobiernos de países como España, Alemania, Italia, Austria y Portugal ya han solicitado a la Comisión Europea la creación de un nuevo tributo coordinado sobre los denominados beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en línea con el que se aplicó por la crisis de Ucrania.
En este sentido, Imaz defendió el papel de las compañías del sector petrolero, que han realizado un esfuerzo inversor en los últimos años de 15.000 millones de euros en sus refinerías para, en un momento como el actual, jugar un papel clave en el abastecimiento, especialmente en el ámbito turístico con el queroseno para aviación.
"Hemos invertido más de 1.400 millones de euros en las últimas semanas para garantizar el suministro de queroseno, para garantizar el sistema turístico español", añadió al respecto.
El impuesto extraordinario
Así, Imaz consideró necesario gozar de una estabilidad regulatoria para incentivar la inversión, ya que si cada vez que tienes beneficios, "sufres confiscaciones, no vas a invertir más para garantizar el suministro". "Si no tienes el incentivo de los beneficios, el incentivo legítimo de ganar dinero", aseguró.
Además, insistió en que un nuevo gravamen en esa línea podría agravar los problemas estructurales del sector en Europa, ya que "socavaría la seguridad del suministro y erosionaría la competitividad de la industria europea en este momento crítico".







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