La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado sobre Alcoa que con el Estatuto de la Industria Electrointensiva, que permitiría rebajar la factura eléctrica de las plantas y dar estabilidad para hacerlas viables de cara a conseguir futuros inversores, y otras medidas que están trabajando tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia y el Ejecutivo de Asturias "nos va permitir llegar al 30 de junio con una garantía de un inversor", incidiendo en que "es en eso en lo que estamos ahora trabajando".
Maroto, tras preguntas de los periodistas antes de participar en un encuentro organizado por la 'SER' en Torremolinos (Málaga), ha recordado que hay actualmente una mesa de seguimiento, que precisamente se reunió este pasado lunes y en la que estuvieron el Gobierno, el comité de empresa y las dos comunidades autónomas.
"Nosotros no tenemos certeza todavía de que Alcoa haya tomado una decisión sobre San Ciprián", ha dicho, incidiendo, de igual modo, en que en esa mesa "se está abordando el futuro de Alcoa y el cierre de las dos plantas, que es de lo que tenemos constancia".
A juicio de la ministra, el Estatuto de la Industria Electrointensiva "da una seguridad Alcoa sobre el precio de la energía", recordando que ello "era un instrumento que Alcoa nos pedía también para poder dibujar esa necesaria inversión que tiene que hacer otra empresa para la compra".
También, ha continuado, hay garantía para las 153 empresas electrointensivas de este país. "Son más de 150.000 empleos que garantizamos como consecuencia de ese estatuto y creo que hay una garantía mayor de la que teníamos cuando nosotros llegamos".
En este punto, ha afeado del anterior Ejecutivo "la ausencia del Ministerio de Industria", que, a su juicio, "ha tenido unas consecuencias muy negativas con no solo la deslocalización y cierre de empresas, que como sabe, hemos evitado, sino también con la crisis de Alcoa".
Por último, ha vuelto a reiterar que con el Estatuto y con otras medidas, en las que está trabajando el Ministerio tanto con la Xunta de Galicia como con el Gobierno de Asturias, van permitir llegar al 30 de junio con una garantía de un inversor, "que es en lo que estamos ahora trabajando".
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