En la última presentación estratégica, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, llamó al gobierno y a la CNMC a ``resolver sus diferencias''. Las diferencias a las que se refiere el directivo están relacionadas con las recomendaciones que hizo el gobierno español en la Orden publicada el 30 de octubre de 2024 en el BOE y la propuesta de Tasa de Retribución Financiera (TRF) del 6.46% de la CNMC, publicada en el BOE el pasado 27 de junio. En entre otras recomendaciones, la Orden de octubre decía que "la formula regulatoria debía tener en cuenta las inversiones en infraestructura necesarias en el contexto de aceleración de la transición energética a nivel global". La TRF propuesta por la CNMC no responde a estas necesidades, según ha reclamado la industria.
Después de casi 30 años de regulación de redes energéticas en Europa, la "receta" regulatoria "de libro" aconseja incentivar inversiones con retornos altos para posteriormente bajarlos una vez que las inversiones están ya hechas. Las empresas de redes lo han sabido y han convivido con ello todos estos años. Sin embargo, en este nuevo ciclo inversor, se ha tenido que apelar a los gobiernos ante el creciente academicismo de los reguladores.
El de España no es un caso aislado en Europa
El creciente academicismo y aislamiento de los reguladores en Europa puede estar relacionado con dos fenómenos. El primero se refiere a la larga batalla de muchos reguladores europeos han librado durante años para conseguir una plena independencia respecto al gobierno de turno. El segundo está ligado al proceso de profesionalización de muchos reguladores. Éste ha posibilitado refinar la fórmula del coste ponderado del capital, ayudado por toda la literatura generada por reguladores vecinos.
El conflicto entre el gobierno y la CNMC no es el único. En Alemania, entre las recomendaciones incluidas en el informe de monitorización del sistema eléctrico alemán, se menciona la necesidad de una retribución atractiva de las redes de distribución eléctrica. El informe es consciente de que las grandes necesidades de inversión de la red no pueden ser afrontadas únicamente por las distribuidoras y su ‘’cash flow’’, y que será necesario atraer capital con una regulación atractiva. Esta es probablemente una respuesta al proceso de judicialización de la formula regulatoria de la BNeztA entre 2023 y 2024.
En Italia, el regulador Arera se enfrenta en estos momentos a caer en el más puro academicismo o, por el contrario, enfrentarse a la realidad inversora necesaria para las infraestructuras energéticas de su país. El periodo de observación de parámetros de su fórmula regulatoria finalizó el pasado martes. La media obtenida durante los 12 últimos meses no es conclusiva. Con una diferencia de únicamente una décima porcentual en la tasa de inflación asumida, el regulador italiano tiene en sus manos mover la balanza de mantener o recortar la tasa de financiación un 0,3%, en un momento donde todos los operadores de redes han comprometido ingentes cantidades de inversión.
El caso más notorio ha sido el del regulador británico del sector del agua
El Reino Unido ofrece en estos momentos un ejemplo de una posible solución (radical, quizás) a este conflicto. Rebobinando en el tiempo, el 11 de julio del año pasado, el regulador del sector del agua británico Ofwat presentó el borrador de la regulación del periodo 2025 a 2030 (PR24), después de un largo periodo de consultas que había comenzado en diciembre de 2020.
El gobierno y todo el sector del agua se echaron las manos sobre la cabeza ante una propuesta de una tasa de retorno de únicamente el 3,72% en términos reales, considerando que el sector tenía que cuadruplicar el ritmo de inversiones en infraestructuras hasta 2030. La presión del gobierno sólo consiguió que el regulador independiente mejorase en diciembre la tasa real definitiva hasta el 4,03%. Seis compañías de agua inglesas presentaron apelaciones ante la autoridad de la competencia británica (CMA) en febrero de este año. Ofwat ha respondido a las seis apelaciones durante estos meses.
Sin embargo, el pasado 21 de julio el gobierno decidió deshacerse del regulador Ofwat, mediante la fusión con otros dos organismos públicos, por recomendación de una comisión independiente creada para afrontar la crisis del sector. Como consecuencia de esta decisión, el consejero delegado de Ofwat, David Black, fue sustituido por Chris Walter el 30 de agosto pasado. David Black había defendido una posición de minimizar el impacto de las cuantiosas inversiones requeridas sobre la factura del agua desde que tomó su cargo en abril de 2022, dos años antes de la victoria laborista de 2024.
Celia
06/10/2025