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La Justicia colombiana ordena a Petrobras y Ecopetrol paralizar la perforación de un pozo en el Caribe

El juez ha ordenado que realice un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que incluya los efectos del proyecto sobre el Cabildo Indígena de Taganga

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Un juez de Colombia ha ordenado a Ecopetrol y Petrobras que suspendan "inmediatamente" las actividades de exploración y explotación de gas natural en el pozo Uchuva-2, en el Bloque Tayrona, en el Caribe colombiano, que se comenzó a perforar a finales de junio.

Ecopetrol y Petrobras inician la perforación de un pozo en el Caribe para la extracción de gas natural
Ecopetrol y Petrobras han anunciado el inicio de la perforación del pozo Uchuva-2, en el Bloque Tayrona, en el Caribe colombiano.

Esta decisión, comunicada mediante un fallo de tutela, afecta hasta que se lleve a cabo un proceso de consulta con la comunidad indígena Taganga, el cual también deberá tener carácter inmediato.

Esta consulta deberá llevarse a cabo de conformidad con los estándares internacionales y constitucionales, garantizando la participación efectiva de la comunidad Cabildo Indígena de Taganga en todas las etapas del proceso.

El proyecto de Petrobras y Ecopetrol

Según apunta el juez, "pareciera que existiera una desconexión en el proceso de amparo de las comunidades étnicas". Así, ha explicado que no se observó un esfuerzo sincero de las demandadas para respetar y proteger los derechos culturales y sociales de las comunidades afectadas.

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"Es crucial que las entidades gubernamentales implementen medidas que vayan más allá del cumplimiento formal y busquen garantizar un impacto positivo real en las vidas de las comunidades indígenas", recoge el fallo.

Además, el juez ha ordenado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que realice un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que incluya específicamente los efectos del proyecto sobre el Cabildo Indígena de Taganga y su relación con el entorno marítimo, en un plazo no mayor a cuatro meses.

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