El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha anulado la autorización concedida por la Xunta a la firma gallega Greenalia para construir un parque de energía eólica entre los municipios coruñeses de Coristanco y Santa Comba.
El TSXG informa este jueves en un comunicado que su sección tercera, la sala de lo contencioso-administrativo, ha anulado la autorización administrativa previa y de construcción y la declaración de utilidad pública, así como de compatibilidad con diversos aprovechamientos mineros y forestales, del proyecto del parque eólico, denunciado por la asociación ecologista Adega y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.
La denuncia fue interpuesta tras la decisión de la Xunta en noviembre de 2021 de conceder una autorización de explotación de ese parque en el que ambas entidades consideraron que formaba parte de una estrategia de "fragmentación" simulada.
El TSXG les ha dado la razón al considerar que ha habido una "indebida fragmentación" de un proyecto en tres proyectos, que perseguía acogerse a un procedimiento abreviado del Gobierno gallego para obtener la autorización.
Las consideraciones a Greenalia
El promotor del parque es la firma Greenalia, en cuyo consejo de administración figura la antigua conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato, una ingeniera industrial de formación que ejerció de diputada autonómica por el PPdeG y posteriormente ocupó de 2015 a 2018 la cartera de Medio Ambiente en el Gobierno gallego presidido entonces por Alberto Núñez Feijóo, el actual líder del PP.
Los magistrados del TSXG consideraron que se trata de un proyecto dividido en tres que "comparten líneas e infraestructuras de evacuación" además de "no ser autónomos, sino integrados", pese a que las solicitudes de tres fueron tramitadas en "fechas distintas".
Por ello, concluyeron que "el análisis de evaluación ambiental ordinaria tendría que haber sido único" y no por separado, por lo que anula el proyecto de explotación de energía eólica de Greenalia.
La división del proyecto permitió a Greenalia recurrir a un mecanismo aprobado por la Xunta en 2018 de tramitación exprés que establecía declarar de "interés especial" facilitando un trámite prioritario con reducción de plazos administrativos.
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