La agilización del desarrollo de las inversiones, clave para la descarbonización

Para garantizar el éxito de la transición energética y cumplir con los objetivos medioambientales y de descarbonización a 2030 es preciso que se lleven a cabo cuantiosas inversiones en torno a las energías renovables, la conexión a la red eléctrica, la nueva demanda con altas necesidades energéticas o el almacenamiento. Actualmente el desarrollo de estas infraestructuras en nuestro país se está encontrando con diferentes retos que están dificultando su puesta en marcha. En particular, el foco se está situando en las dificultades que se están encontrando estas infraestructuras para poder conectarse a las redes eléctricas.

Como ya indicó la comisaria Europea de Energía, Kadri Simson, no puede existir un futuro verde para Europa sin una red eléctrica mejorada, y esto implica una correcta planificación de la red de transporte de energía eléctrica que permita conectar a la nueva demanda que quiere descarbonizarse, ahora y mañana, pero, todo ello, con una visión anticipatoria que favorezca abordar de una manera eficiente los desafíos de las redes. Es más, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), subraya en su informe Electricity Grids and Secure Energy Transitions, que la descarbonización de la economía no puede tener lugar si no se aumenta la inversión para ampliar y garantizar el desarrollo de las redes eléctricas, lo que pone en jaque la transición energética.

Resulta indispensable solucionar esta situación porque no solo afecta a las plantas de generación, sino que está afectando de una manera directa a la demanda, y esto se está poniendo de manifiesto de una manera muy clara en los últimos meses. El riesgo de pérdida de proyectos industriales por la no posibilidad de conectarse a la red eléctrica es una realidad a la que se están enfrentando en su día a día sectores concretos como el de los data centers.

No hay que pasar por alto que esta falta de demanda está teniendo implicaciones en el contexto actual de precios mínimos e incluso negativos que estamos viendo en el mercado eléctrico. El no tener una demanda suficiente que sea capaz de absorber toda la producción renovable que ahora mismo tenemos en nuestro _mix _de generación de electricidad está implicando un incremento sin precedentes de los vertidos, así como en la caída de los apuntamientos de las tecnologías renovables, especialmente de la solar, que se está encontrando con serias dificultades para poder evacuar toda la energía que está produciendo. En este contexto que estamos viviendo los últimos días de precios cero, el mercado eléctrico exige una mayor demanda y un mayor volumen de almacenamiento conectado a la red.

¿Cómo se puede poner solución a esta situación? Hay que resolver principalmente tres grandes cuellos de botella que impiden el ritmo de penetración de inversiones habilitadoras necesarias para alcanzar los objetivos de descarbonización y permitir el desarrollo industrial necesario para garantizar su competitividad.

Tramitación tediosa

El primer obstáculo que se presenta es la tramitación administrativa y ambiental, que se caracteriza por un proceso poco flexible que lleva a unos plazos reales de tramitación de hasta cinco y siete años a nivel estatal dependiendo del tipo de instalación.

Estos plazos tan largos, a los que hay que añadir 1 año adicional para la fase de construcción, hacen inviable que se pueda cumplir con los objetivos de desarrollo de renovables y de redes eléctricas. Ante este panorama de «atascos administrativos», la UE, consciente de la problemática, establece con la nueva RED III una serie de actuaciones como la creación de _zonas de aceleración renovable, la simplificación de los procedimientos de las renovables o el carácter de i_nterés público superior de estas instalaciones, entre otras herramientas indispensables para la ayuda y facilitación administrativa de la puesta en marcha de las infraestructuras renovables.

No obstante, a nivel nacional, este problema históricamente ha estado sin resolver y, como muestra de ello, es la aprobación del Real decreto-ley ómnibus de enero de 2024 el cual ha permitido las ampliaciones de los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020 que vencían el 25 de enero de 2024. Esto posibilita al sector el tener un mayor margen de actuación en la obtención y presentación de los permisos, aunque la complejidad de este modelo normativo sigue sin convencer al sector.

Acceso y conexión

El segundo obstáculo es el acceso y la conexión a la red, que, a pesar de los esfuerzos realizados a nivel normativo, carece de funcionalidad y siguen siendo un cuello de botella en los proyectos, tanto para las energías renovables como para la demanda industrial y el almacenamiento.

La disponibilidad de acceso en ocasiones ha llegado a suponer un aspecto especulativo para los proyectos de renovables, siendo el sistema de subastas de nueva capacidad complejo y hasta ahora solo se han realizado subastas de capacidad renovable en nudos de transición justa. Con foco en la parte de la demanda, la CNMC abrió a información pública en enero de 2024 su nueva versión del proyecto de circular por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de demanda de energía eléctrica, con el fin principal de acabar con la problemática inherente al acceso y conexión.

Sin embargo, su enfoque centrado en la demanda flexible no aborda la problemática real de la demanda industrial, con menos necesidades de flexibilidad y difícil interrupción, ¿qué instalación industrial cuyo consumo normalmente es en base y de manera continua necesita de un acceso flexible?

Planificación poco ágil

El último obstáculo es la poca agilidad del proceso de planificación vigente de la red eléctrica de transporte con ventanas temporales de seis años y escasas oportunidades de actualización intermedia. Tradicionalmente el sector energético se ha focalizado en la conexión de instalaciones renovables y esto se ve reflejado en las nuevas posiciones que están incluidas en la planificación actual en las que más de 300 están destinadas a la ampliación de subestaciones para conexión de nueva generación renovable frente a tan solo 21 de conexión de nueva demanda.

Este hecho trae consigo una serie de riesgos, ya que, las redes de transporte y distribución eléctricas son el núcleo de este sector que conecta las centrales de generación con el consumidor final. Debido a la electrificación de los procesos industriales y el aumento de negocios con una elevada necesidad de electricidad renovable para su funcionamiento, se está observando un aumento de la demanda industrial que necesita que las redes eléctricas estén disponibles y bien dimensionadas para atender a sus necesidades de consumo.

En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de concluir una modificación puntual de esta planificación con horizonte a 2026. A pesar de que esta revisión puntual propuesta por el Gobierno, así como la propuesta de circular de acceso y conexión de la CNMC son un buen principio que demuestra la predisposición del Ejecutivo y el Regulador por modificar y adaptar la planificación y su acceso a la red a las nuevas circunstancias de la producción y el consumo, llega tarde y no aborda los problemas urgentes, lo que resulta en textos poco ambiciosos.

Es más, la revisión deja nuevamente de lado la conexión para nuevas posiciones de distribución y nueva demanda industrial, tan solo un tercio de las posiciones identificadas en esta modificación puntual están diseñadas para atender nueva demanda de elevada potencia.

Anticipación de inversiones

Muy relacionado con el tema de la planificación y la agilidad está la anticipación de Inversiones. Un reciente informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER) y el Consejo de Reguladores de Energía de la Unión Europea (CEER), llamado Position on anticipatory investments menciona la necesidad de anticipar las inversiones en las redes eléctricas como una de las principales medidas para garantizar la estabilidad y la eficiencia en las redes eléctricas.

Si bien es un reto pendiente por parte de casi todos los países, nuestros vecinos Francia y Portugal ya están haciendo cosas en este sentido. Francia, sin ir más lejos, está integrando en su planificación de la red las necesidades que prevén que van a tener en el futuro los polos industriales más grandes y contaminantes con el objetivo de anticiparse a dichas necesidades.

Del mismo modo, en Portugal se está llevando a cabo un planteamiento más táctico en donde ciertas inversiones no siguen el proceso normal de tramitación, sino que siguen un procedimiento separado con el objetivo de agilizar su puesta en servicio, son los denominados proyectos complementarios y se llevan a cabo por acuerdos bilaterales entre el promotor y el operador del sistema.

En conclusión, en estos momentos urge establecer y desarrollar los mecanismos adecuados que garanticen superar los retos a los que actualmente se enfrenta el despliegue de las inversiones habilitadoras de esta transición, una normativa de tramitación coherente y simplificada, una normativa de acceso y conexión eficiente y una planificación de la red ágil, anticipada y adaptada a la necesidad de los diferentes agentes, a la vez que se incentive la inversión con el objetivo de facilitar el desarrollo de estas infraestructuras y la mejora de la competitividad de la industria nacional y de nuestra economía doméstica.

Es necesario que la regulación permita anticipar las inversiones en las redes eléctricas para que estas no sean un cuello de botella, pero siempre teniendo en cuenta que, si esto no va acompañado de un marco retributivo estable y que aporte seguridad jurídica a los inversores, todo esto no tendrá sentido y las redes eléctricas no podrán contribuir al éxito de la transición energética.

Esther Martínez Arroyo, directora de Energía en la división de Consultoría de PwC.