La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha presentado un recurso contencioso-administrativo a una circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al considerar que exime de las obligaciones de información de certificación a las fábricas de biocarburantes situadas fuera del país, pero que venden en España.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la resolución del Consejo de la CNMC que emplaza a los interesados en el recurso, interpuesto ante la Audiencia Nacional, contra la circular de julio de 2020 que regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
Según ha explicado a Efe el director de APPA Biocarburantes, Manuel Bustos, la circular regula toda la gestión de la entidad de certificación de biocarburantes y la han recurrido por un aspecto muy concreto, el relativo a las obligaciones de aportación de información, documentos y auditorías a las fábricas de biocarburantes en España, que deben incluir datos de producción y materias primas utilizadas.
Desde 2009, los operadores petrolíferos están obligados a poner ciertos porcentajes de biocarburantes en las gasolinas y gasóleos de automoción que ponen en el mercado, lo que suelen efectuar mezclando los biocarburantes con carburantes fósiles.
Las obligaciones de información y auditoría son aún más intensas en el caso de las fábricas de biocarburantes que producen con materias primas incentivadas, explica el director general de APPA.
La circular que ha recurrido APPA sólo exige esas obligaciones de información, aportación de documentación y auditoría a las fábricas que están en España, con lo que quedan fuera de supervisión por la entidad certificadora las fábricas de fuera de España, cuando el 50 % del biodiesel que se consume en España viene de fuera, dice Bustos.
Para APPA Biocarburantes, la actual redacción de la circular deja sin exigir las obligaciones de información a muchas plantas productoras de biodiesel que se vende en España, lo que, según Bustos, atenta contra los principios de igualdad y no discriminación.
Ha explicado que lo que quiere APPA no es que no se controle a las fábricas ubicadas en España, sino que se controle por igual a las de fuera que venden su producto en el país, pues la falta de control puede favorecer el fraude.
Por eso, proponen modificar una serie de artículos de la circular y extender las obligaciones a esas fábricas del exterior que venden en España, lo que se conseguiría eliminando la palabra España del articulado, afectando así a todas las plantas de biocarburantes incentivados.
Ha señalado que la anterior circular de la CNMC sobre este asunto, que también recurrió APPA Biocarburantes, tenía el mismo problemas y ha añadido que esperan que la resolución de ese primer recurso, que prejuzgará la del segundo, se produzca en este año 2021.
Bustos ha explicado que el último recurso que han presentado se dirige contra la circular de la CNMC de 2020 porque es la que sigue estando vigente en estos momentos, aunque desde el 1 de enero el Ministerio para la Transición Ecológica haya pasado a ejercer las funciones como entidad de certificación de biocarburantes.
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